El último recurso del fanatismo, cuando ya ha dejado de ser una fuerza activa y está en fase de repliegue, es atribuir a terceros sus errores y desmanes. En esta tesitura, los puigdemontistas quieren sentar ante el parlamento a los jueces implicados en el prusés para probar que los pobres indepes fueron víctimas de una persecución judicial espuria, que aquí identificamos con el borroso anglicismo de lawfare. Los jueces ya han anunciado que no acudirán al congreso si son convocados. Los jueces tienen más razón que un santo, y hay dos buenos argumentos para afirmarlo. El primero se deduce de la independencia judicial, que impide a sus funcionarios responder ante ninguna otra instancia en lo tocante a sus procedimientos y resoluciones, y para enmendar los efectos de sus decisiones, los poderes ejecutivo y legislativo tienen a mano el indulto y la amnistía, que ya se han aplicado, o están en trance de serlo, en este caso. El segundo argumento descansa en el hecho de que las comisiones de investigación en el parlamento jamás han aclarado nada ni prestado ningún servicio al bien público; estrictamente solo sirven para infligir la pena de telediario al personaje convocado y para dar ocasión de discrepancia entre los bloques políticos, como siempre pero con un invitado de postín en la tribuna.
Los independentistas catalanes se saltaron a sabiendas y con toda ostentación la legalidad constitucional, dividieron a la sociedad catalana, despertaron a la extrema derecha en la sociedad española y, poseídos por la hybris, creyeron alcanzar un objetivo a sabiendas de que era inalcanzable, pero, qué carajo, estaban encantados de haberse conocido y solo se es guapo una vez en la vida. Ahora, indultados y amnistiados, y crecidos por el alambicado procedimiento de don Sánchez para ganarse una mayoría de investidura, quieren sentar en el banquillo al tercer poder del estado.
A su turno, los jueces no son un poder inocente y, corporativamente, son parte deliberada de la famosa polarización que se supone que aqueja al país. El sesgo conservador de la judicatura permite que un puñado de jueces aniden en un poder judicial en situación inconstitucional, como larvas en un tronco podrido, a la espera de que la primavera de don Feijóo, doña Ayuso o quien sea de ese bando los convierta en mariposas. Que el pepé manipule al poder judicial a favor de sus intereses forma parte del juego, pero que jueces y magistrados dizque independientes se presten, un día tras otro, y ya van cerca de dos mil días, a servir de peones y alfiles de su estrategia es, ¿cómo decirlo? Los propios interesados califican untuosamente su desenfadada situación como una vergüenza institucional inasumible. Pues levantad el culo de la poltrona y dimitid, como haría cualquier persona honesta en tan alto cargo.
Las derechas española y catalana tienen el mismo objetivo: la destrucción del gobierno de izquierdas y la colusión de los intereses de ambas se manifestó el día en que la portavoz pugdemontista en el congreso, doña Nogueras, denunció por su nombre a ciertos jueces y aventuró que deberían ser juzgados por su intervención en la instrucción y juicio de los delitos del prusés. De inmediato, respondió doña Cayetana, que vuelve al púlpito: entregar el poder judicial a Sánchez es liquidar la separación de poderes. Ambas declaraciones dibujan una carambola, previsible, de dos golpes aparentemente contradictorios dirigida a la cabeza de don Sánchez; primero, por rechazar la intromisión del poder legislativo en las actuaciones del judicial, como proponían los puigdemontistas, haciendo patente su condición de enemigo de Cataluña, y segundo, por querer liquidar la separación de poderes revelándose así como enemigo de España, según la flamante portavoz del consorcio reaccionario. La multifacética oposición al gobierno de don Sánchez se realiza por ahora solo a pedradas pero cabe esperar que alguien descubra la fórmula de la kryptonita.