El pasado mes de octubre las víctimas de abusos sexuales en instituciones de la iglesia católica consiguieron hacer oír su voz en el parlamento de esta comunidad y el pasado fin de semana se celebró en la capital un coloquio público con el título La verdad no prescribe, auspiciado por el eldiario.es para examinar el estado de la cuestión, en el que se pudo escuchar a las víctimas, a quienes defienden su causa ante los tribunales y a quienes investigan esta epidemia delictiva aún no erradicada. Después de muchos años de conocimiento público de estas conductas en numerosos países del orbe católico, la denuncia llega a España y singularmente a esta provincia en la que la iglesia fue, más que una institución, un hecho sociológico que impregnó todos los ámbitos de la vida civil y comunitaria.
La justicia reparativa en estos casos topa con dos obstáculos atroces. El primero concierne a los tribunales y es el hecho procesal de que los delitos han prescrito, generalmente, cuando se denuncian porque las víctimas necesitan un largo periodo de tiempo, además de un valor excepcional, para asumirlos y comunicarlos, en un contexto en que estos delitos son oficialmente inexistentes. Hay que oír a las víctimas para hacerse una idea de la devastación que estos abusos ocasionan y del coraje cívico y la fuerza moral que son necesarios para hacerles frente, pues no hay heroísmo mayor que sobrevivir al intento de destrucción de la propia dignidad por quien está encargado de educarla y protegerla. De añadidura, como denunció el padre de una víctima, los menores que han llevado adelante la denuncia se ven obligados a repetir una y otra vez el relato de los hechos en condiciones de gran fragilidad emocional ante instancias policiales y judiciales, a menudo bajo el interrogatorio hostil de las defensas de los victimarios.
El segundo obstáculo es la iglesia católica, que de oficio ampara y encubre a estos delincuentes. La iglesia es sin duda la organización que más estrechamente ha convivido con crímenes y delitos de toda laya durante la historia de la humanidad; en algunos casos, sus funcionarios fueron víctimas pero en muchos fueron verdugos, instigadores o cómplices. En este marco, los abusos a niños eran pecata minuta, que solo se tomaban en consideración si el escándalo podía afectar al colegio donde tenían lugar y por extensión a la orden que lo regía o a la diócesis donde se ubicaba. En ese caso se procedía al traslado del abusador a otro colegio, convento o parroquia, y nadie era denunciado ni castigado, hasta la próxima. Diríase que la pavorosa enfermedad sexual autoimpuesta a los curas católicos –la castidad- les hace comprensivos ante estos desmanes. Hay testimonios publicados de curas que no ven delito en estos actos porque ellos mismos fueron abusados en el seminario. Ahora, ante la dimensión pública del problema y la unanimidad concitada sobre su responsabilidad, la iglesia está a la defensiva y notoriamente no ha encontrado la estrategia de salida porque el problema afecta a raíces muy profundas del poder clerical y, en defensa de sus intereses, la iglesia opera con una lógica privativa, muy distinta y contradictoria a la de la sociedad civil y el estado.
Las variadas intervenciones que pudieron oírse en el encuentro estaban cortadas por un mismo patrón discursivo: el relato de las circunstancias del delito y del procedimiento judicial presentaban un desasosegante cuadro de evidencia delictiva sin respuesta. Los ponentes hablaban de la iglesia y de sus autoridades como el interlocutor necesario pero elusivo cuando no taimado. Algunos participantes en el debate se sintieron obligados a declarar que eran católicos y también se aludió al tópico que distingue entre el mensaje del papa Francisco y el comportamiento de los obispos, singularmente de la conferencia episcopal española. Por decirlo de alguna manera, las intervenciones tenían un carácter moral pero no político. La iglesia es El castillo de Kafka. Está ahí, vivimos en su ineludible órbita, pero es inexpugnable. Hasta que un interviniente, una de las víctimas, cortó el nudo gordiano: hay que acabar con el concordato. En efecto, aunque esto no se dijo explícitamente, este acuerdo entre dos estados –España y Vaticano- otorga a la iglesia un estatus especial del que emana su inmunidad como receptadores de la pederastia en su seno. En España no es posible algo análogo a lo que cuenta la película Spotlight, donde el desvelamiento periodístico de una trama de pederastia operante durante años en la diócesis de Boston termina con la condena del arzobispado a indemnizar a las víctimas. Entre tanto, aquí, las víctimas luchan sin apoyo por sí mismas y por toda la sociedad.