¿Cómo hemos llegado hasta aquí para que unas gracietas inanes, chistes viejos y resecos como un bacalao sobre un suceso que ocurrió hace cuarenta y cuatro años y que, hay que decirlo, llenó de júbilo y de esperanza como poco a la mitad de la sociedad, sean objeto de una condena de cárcel y una dilatada inhabilitación para su autora, la cual trata a Carrero Blanco con la familiaridad y el conocimiento con que podría tratar a Recaredo o a Almanzor? La sentencia ha abierto un debate que afecta, no al terrorismo ni a su enaltecimiento, sobre cuyo rechazo hay un acuerdo social unánime, sino al consenso en que se fundamenta nuestro sistema democrático. El artículo 578 del código penal, por el que ha sido condenada la tuitera Cassandra contempla hechos acaecidos desde 1960, en un contexto político que muy poco tiene que ver con el actual, nacido precisamente de una amnistía de los delitos cometidos durante la dictadura y de la que se beneficiaron principalmente los criminales que la sirvieron y la propia naturaleza de esta, sobre la que cayó una espesa desmemoria que aún dura, al menos oficialmente. Así se da la paradoja de que una muchacha de menos de treinta años sea condenada a pena de cárcel por evocar en tono ligero un suceso histórico del que sus autores materiales fueron amnistiados. Según esta lógica, el hecho de que el código penal no haya retrotraído su efecto hasta los años cuarenta del pasado siglo es lo que hace posible que el portavoz parlamentario del pepé no haya sido juzgado por sus insultantes opiniones sobre las víctimas de la represión franquista que esperan en ignotas cunetas. ¿Tiene algún significado este corte temporal de la norma que castiga el enaltecimiento del terrorismo? La actividad terrorista de eta, pues es de ese terrorismo del que hablamos, aunque hoy se haya extinguido, fue tan larga, tan cruel y tan contumaz que, en los años noventa, dio ocasión a un nuevo consenso: los demócratas se definían solo por su oposición a eta y, en consecuencia, todos los que se oponían o se habían opuesto a la banda terrorista, y tenían víctimas entre sus filas, eran demócratas, y esta consideración se remontaba al momento en que la banda inició sus atentados, en pleno franquismo. En este marco, el comisario Melitón Manzanas, un policía de la brigada política, notorio torturador y colaborador de la Gestapo en la frontera de Irún, asesinado por la banda en 1968, recibió en 2002 la medalla al mérito civil en su condición de víctima, otorgada a título póstumo por el gobierno del pepé, que en este viaje ha estado siempre acompañado del pesoe, que también estaba en la diana de los terroristas. Esta apuesta por la oposición al terrorismo de eta como referencia del consenso democrático y como fortaleza legitimadora del pepé hizo que el gobierno de Aznar se viera abocado a mentir sobre la autoría de los atentados de Atocha perpetrados por yihadistas islámicos y no hace falta recordar la fractura que esta mentira arrastró tras sí, con la consiguiente división entre víctimas buenas y víctimas malas según que la asociación que las representaba fuera más o menos afecta a la versión del gobierno. El último objetivo de esta estrategia fue Zapatero, cuyo intento de poner fin a la actividad terrorista mediante el diálogo con la banda fue respondido por la oposición con toda la artillería política y mediática, que en aquel momento era mucha, variada y muy dura. La joven Cassandra se ha metido en este bosque de verdades torticeramente manipuladas y de mentiras descaradas como caperucita roja y se ha encontrado con el lobo que le esperaba emboscado en las togas de la justicia. Sabemos que la muchacha no es culpable de enaltecimiento del terrorismo, luego habrá que considerarla víctima de la democracia, o quizas de la venganza del franquismo. Táchese lo que no proceda.