Las instituciones crujen cada vez que algún episodio altera su estática, amodorrada y placentera existencia. Lejos de aparecer como lanzaderas para un impulso de la sociedad, se muestran como lo que en realidad son: estructuras envejecidas y disfuncionales, habitadas por termitas de todas las especies. Las asociaciones de la prensa se definen por lo que no son, ni sindicatos laborales, ni colegios profesionales, ni órganos representativos de la profesión, así que pueden considerarse con toda propiedad como corporaciones ociosas. En origen, durante el franquismo, su razón de ser fue el encuadramiento de los periodistas y el control de la profesión, por lo que, en algunos casos, recibían una gratificación de los beneficios deparados por el único periódico que se editaba en el día sin periódicos (la hoja de lunes) y más adelante, ya en la democracia, por la explotación de alguna concesión radiofónica, además de las subvenciones públicas de carácter variable y graciable, y que en esta ocasión no parecen ajenas a la cuestión que se comenta. Todos los intentos, y han sido innumerables, por otorgar a estos armatostes ni siquiera gremiales una función más acorde a las necesidades de la profesión han resultado estériles. Los periodistas no tienen más derechos ni más defensa profesional que las que les otorgue la empresa para la que trabajan. Es la empresa la que marca la tarea, los límites, los modos y los objetivos de su trabajo, como en cualquier otra actividad mercantil, sin que la asociación de la prensa se inmiscuya en el negocio. Lo que no obsta para que en el interior de estas corporaciones residuales (cada provincia y comunidad autónoma tiene la suya) se registren los consabidos forcejeos faccionales, con los correspondientes colorines políticos de unos y de otros, por hacerse con la representación de sus directivas a fin de perejilear en eventos de mayor o menor relumbrón patrocinados por el poder político o por empresas de la comunicación. En este contexto y en esta medida es como debe entenderse el comunicado de la asociación de prensa de Madrid sobre el presunto acoso a periodistas innominados por parte de dirigentes y simpatizantes de podemos. No hay por qué dudar de que haya habido invectivas, presiones e incluso amenazas verbales contra periodistas por parte de los podemitas; primero, porque todos los partidos políticos presionan cuanto pueden sobre los periodistas y, segundo, porque el propio Pablo Iglesias ha protagonizado algunos actos de acoso público a periodistas citados con nombre y apellidos en ruedas de prensa. Ya hace algún tiempo que debiéramos saber que podemos no es la nueva política, si tal cosa existiera. Otro asunto es que podemos es sin duda el partido político con menor capacidad de presión sobre los profesionales que se ganan la vida con una grabadora y un micrófono. Si yo estuviera en la piel de uno de estos periodistas, temería menos a un troll podemita que a una llamada telefónica de doña Aguirre o de don Rubalcaba a mi redactor jefe o a mi director. Y que levante la mano el periodista que no ha pasado bajo la garlopa del poder político o económico asociado al medio en el que trabaja. Llama la atención que no hayan sido las empresas titulares de los medios las que hayan salido en defensa de sus empleados acosados y hayan puesto en evidencia en sus propias tribunas esta condenable práctica con datos contrastados, si los tienen. A menos que las empresas hayan optado por no mencionar la cuerda en casa del ahorcado y hayan delegado esta misión política en una corporación sedicentemente neutral como se supone que debe ser la asociación de la prensa, la cual no ha dudado en vulnerar en su comunicado todas las normas de deontología profesional referidas a la publicidad de los datos reales y contrastados (las cinco w’s y todo eso) que permitan al público evaluar por sí mismo la naturaleza, dimensión e importancia del hecho que se denuncia. En vez de eso, ha preferido ser agente de una acción política para nada neutral y exhibir así su propia indigencia para la misión que le compete.