La justicia es igual para todos, ¿sí o no, usted que cree? La pregunta serpentea afanosamente por tertulias, cenáculos, barras de bar y dondequiera que se reúnan un par de españolitos que no tengan que hablar de fútbol o del precio de las verduras, sumiendo a la ciudadanía en un sordo cabreo de impotencia ante la imposibilidad de encontrar una respuesta satisfactoria. La cuestión Urdangarín es al derecho y a la política lo que el teorema de Fermat a las matemáticas o el gato de Schrödinger a la física cuántica. Un problema irresoluble. Intentemos explicarlo como hacen los físicos y los matemáticos, con una fábula. Supongamos un templo católico al que entra un sujeto cualquiera. Este puede encontrar en el recinto diversas funcionalidades que no pertenecen a la naturaleza del edificio. Puede tumbarse en un banco y echar una siesta, introducirse en un confesionario para beberse una lata de cerveza, refrescarse la cara en la pila de agua bendita, teclear en el órgano una melodía profana e, incluso, puede robar el cepillo. Todas estas acciones son irregulares y probablemente le serán impedidas por el sacristán o el párroco, sin más consecuencias. Pero hay una sola acción que ataca directamente a la naturaleza del recinto: el tipo sube al presbiterio, abre el sagrario sobre el altar, se zampa un puñado de hostias consagradas y esparce las demás por el entarimado. El comportamiento del tipo ha pasado del gamberrismo al sacrilegio. Ante un acto así, los curas al cargo están obligados a llevar a cabo una reparación litúrgica que restaure el carácter sagrado del lugar: oraciones, incienso y todo eso, no importa la sanción penal que le corresponda al sacrílego, y mejor si esta parte del procedimiento se lleva con la máxima discreción porque lo que cuenta no es la punibilidad del acto material cometido, y menos aún la publicidad consiguiente, sino la afrenta moral y simbólica (política, en el caso que comentamos) a lo que es centro de la fe católica (de la fe monárquica en este caso, vale decir, de la fe en el sistema constitucional vigente). Urdangarín es a la vez una hostia consagrada y un beodo delirante de la monarquía española. Los delitos cometidos por él no lo han sido en función de su cargo, pues no tenía ningún presupuesto público del que fuera responsable y sobre el que pudiera prevaricar y defraudar, sino por su pertenencia a la familia que habita en el sagrario. Este hecho genealógico –de sangre, se decía antes-, del que no hay ley que pueda apartarle, constituye una poderosa razón que condiciona la acción de los jueces. Cristina de Borbón sabe lo que hace cuando se niega a renunciar a su derecho a la sucesión a la corona; su abuelo don Juan solo renunció a este derecho con la boca pequeña cuando ya estaba con un pie en la tumba, y eso que el ocupante del trono era su hijo, lo que significa que, según la lógica familiar, don Juan Carlos fue rey ilegítimo durante un buen montón de años. Las corruptelas de Blesa, Rato, Bárcenas et alii son contingentes; las de Urdangarín son necesarias, para decirlo en jerga sartreana. Los delitos de los primeros son de oportunidad y empiezan y terminan en ellos mismos; los de Urgandarín son ontológicos e impregnan la sacralidad del sistema político porque no se puede establecer el cortafuegos de la destitución o de la dimisión. ¿De qué va a dimitir Urdangarín?, ¿de ser cuñado del rey?, ¿alguien se imagina a este visitando al marido de su hermana en el penal de Soto del Real, como sería propio de quien tiene arraigo familiar y un hermano afectuoso y responsable? Así que la pregunta sobre si la justicia es o no igual para todos está formulada desde una ensoñación republicana sobre una realidad abruptamente monárquica. Y ahora, dejémonos deslizar a un cuentecillo de anticipación. Imaginemos que las ventajas ofrecidas por los jueces a Urdangarín para pasar el trance derivan en que este decide exiliarse con su familia en Suiza o en cualquier otro país fuera del alcance de la justicia española. Imaginemos que la situación política se complica y el actual rey entra en dificultades para mantenerse en el cargo, ¿No sería posible que doña Cristina formara una facción monárquica desde su exilio y se postulara para el trono? No es una fantasía, es una relectura de lo ocurrido en este país desde el siglo XIX. El teorema de Urdangarín se explica por una constante matemática de nuestra historia moderna que se formula así: antes corruptos que republicanos.
No es de extrañar que nuestro bloguero recurra en algún momento a la teología para permitirnos concebir, aunque no entender, por qué la real pareja de delincuentes se va de rositas tras la sentencia condenatoria, pues el asunto no tiene explicación racional desde la lógica de la sensatez civil y la justicia tal como la entendemos los ciudadanos corrientes. Una de las condiciones para que un condenado no entre en prisión una vez dictada la sentencia es la inexistencia de riesgo de fuga. Ahora bien, a Urdangarín se le permite seguir viviendo en Suiza. Así pues, de la misma manera que dios es uno y trino sin contradicción, y la hostia de harina de trigo es el cuerpo y la sangre de Cristo (aunque los católicos celíacos se empeñen en pedir harina de otro costal poder comulgar), tampoco hay contradicción en que a los delincuentes comunes se les exija no tener intención de fugarse para no ir a la cárcel, mientras que a Urdangarín se le deja residir en Suiza, cerca de su pasta gansa, si es que la tiene allí. El silogismo teológico es tan irrebatible como el mejor teorema: Urdangarín no puede emprender la fuga, pues ya vive huido.
¡Ay ese resentimiento social! Algunos no parecéis percataros de los problemas que se originarían con lo de «la justicia igual para todos». El otro día traté de explicarlo en facebook. Lo pego aquí:
De los mediáticos juicios recientes se están criticando los débiles veredictos y las absoluciones, pero yo creo que quizás somos injustos. Hay que considerar que el reciente aluvión de personajes públicos de diferentes linajes que deben cumplir condena en las cárceles está acabando con las escasas plazas libres penitenciarias. Eso sin contar el enfoque del problema desde otro ángulo: ¿Dónde meterlos? Porque una cosa es que altos cargos de la política o parientes de la monarquía sean malotes y deban recibir la regañina correspondiente, y otra que sus sentencias, por muy rebajadas que estén, tengan que cumplirlas con la chusma: ¡Hasta ahí podíamos llegar!
Efectivamente, dado el incremento de eminentes personajes que deben cumplir las penas impuestas, el planteamiento no es baladí. Al mismo tiempo, creo que se debe acabar con ese mezquino resentimiento de las clases media y baja hacia quienes amasaron sus fortunas dando fraudulentos pelotazos millonarios y llevándoselos luego a paraísos fiscales para evadir impuestos. Hay que huir de una vez por todas de ese síndrome del Buscón, empeñado en usurpar posiciones sociales que no le corresponden. Y, puesto que como bien dice el personaje quevediano Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres, se me ocurre que, para no interrumpir el flujo natural de la corrupción y la desigualdad social, deberíamos construir en España una cárcel como la de Ludlow. Abierta en 1812 en el bajo Manhattan de Nueva York (se demolería a finales de la década de1920), Ludlow fue precisamente concebida para albergar a políticos corruptos (entre ellos el terrateniente y senador del estado de Nueva York William M. Tweed quien, aprovechando sus múltiples cargos en el gobierno, se embolsó cerca de 200 millones de dólares -de los de entonces- de las arcas del estado y de los contribuyentes. Ludlow también acogía a personas insignes que cometían actos delictivos, como el de no hacerse cargo de la manutención conyugal cuando se separaban de sus esposas (el escritor y fotógrafo Carl Van Vechten cumplió una breve condena Ludlow por ese motivo). Esta prisión vip, en la que era impensable encontrar criminales o maleantes de baja estofa, disponía de cómodos dormitorios a los que los visitantes de los presos podían acceder si se pagaba un dinero extra. También contaba con cuartos de estar donde poder charlar con los amigos, salas de lectura, de billar (en la imagen que adjunto se puede observar a los presos jugando con chistera), y saloncitos con piano para organizar pequeños conciertos. Bien es verdad que, de llevarse a cabo el proyecto en nuestro país, habría que cambiar la función de estas últimas salas y sustituir los pianos por pantallas de televisión donde los eminentes infractores compartieran su bagaje cultural deportivo. Como también habría que hacer frente al coste elevado de su construcción, pero estoy por afirmar que el ciudadano de pie estaría dispuesto a sufragarlo con un aumento de sus impuestos, con tal de que nuestros delincuentes ilustres, que no ilustrados, pudieran seguir manteniendo su estatus durante el periodo que pasen encerrados. Es sólo una sugerencia, pero seguro que la aplaudirá más de uno.
(También iban dos ilustraciones que este espacio no acepta)