“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. La célebre y pomposa sentencia atribuida a Voltaire es más fácil de aplicar en una conversación de casino que en un parlamento democrático, donde la probabilidad de perder la vida en algún sentido no es del todo remota. E incluso entre los contertulios del casino es necesario que las opiniones no se extralimiten fuera de algún consenso básico, por ejemplo, que la opinión defendible no postule la destrucción de la institución que acoge el debate. El demagogo británico Nigel Farage es un eurodiputado que, simplemente, quiere destruir la institución desde cuya tribuna se expresa y lo hace apropiadamente mediante un lenguaje bronco y derogatorio, quizás ofuscado por la fe en el poder demoledor de su propio discurso. Esto plantea al resto de los diputados de la cámara, que son mayoría, el dilema que Voltaire parecía haber resuelto en su famosa sentencia porque, en este caso, la pérdida de la vida significaría entregar al provocador las llaves de la institución que quiere destruir y en la que confía, al menos por ahora, la mayoría de los europeos. ¿Qué hacer, entonces? La eurocámara ha decidido, al parecer, establecer un mecanismo expeditivo de bloqueo del lenguaje insultante, cuyo manejo y arbitrio para operarlo estará a cargo del presidente de la sesión. No parece una buena idea porque, se quiera o no, es una forma de censura, además ineficiente porque el discurso indeseado no se oirá en la cámara pero sí podrá ser captado por dispositivos móviles privados del propio tribuno o de sus correligionarios y difundido por las redes sociales. En realidad, la sentencia de Voltaire es una exageración melodramática. No se conoce ningún caso de alguien que haya dado la vida por el derecho del otro a dar su opinión y menos de insultarle. Tampoco las palabras matan. En Europa habremos de acostumbrarnos a que la aplaciente calma de los parlamentos se ha terminado y que grupos emergentes han llegado a sus escaños con el deliberado propósito de dar la vuelta al régimen reinante y, como primera medida, poner en circulación un lenguaje tan explosivo como sea posible. Hay dos maneras de enfrentarse a este fenómeno histórico. La más eficiente y prometedora, aunque también la más difícil, es que las fuerzas del establecimiento adopten un discurso político digno de ese nombre, capaz de decir la verdad, captar la atención de la ciudadanía, responder a sus demandas y darle esperanza, y arrumbar de una vez la ratonera retahíla vigente de medias verdades y promesas incumplidas que constituye la materia básica de los discursos actuales. La otra manera de enfrentar la cuestión es la que parece haber adoptado el parlamento europeo: imponer la llamada corrección política al debate. Ya se ve su efecto. En Estados Unidos, probablemente el país más obsesionado por la corrección lingüística, hasta el punto de sustituir con un estridente pitido las palabras malsonantes en la televisión o de censurar a Shakespeare y a Homero en las universidades para no herir la sensibilidad de algunas minorías, ha elegido sin embargo al presidente más grosero, brutal y ofensivo de la historia. Por el contrario, en nuestro país, donde no existen esos remilgos y tacos y palabrotas se han incorporado al lenguaje público de la televisión con absoluta normalidad, tenemos sin embargo a un presidente de tan exquisito lenguaje que no dice ni una palabra si puede evitarlo. Tanto el estreñimiento verbal de la corrección política como la verborragia malsonante indican un pésimo funcionamiento del organismo. En esas estamos.