La renta básica universal es, o debiera ser, el objetivo central de las luchas sociales de este principio de siglo XXI, como lo fue la jornada de ocho horas en el XIX. Este último anhelo fue una utopía realizable y la renta universal también lo es. Ambos objetivos son diáfanos e inmediatamente inteligibles, aceptados por la inmensa mayoría y en consecuencia susceptibles de arrastrar en su estela a grandes grupos de población para hacer el mundo más habitable. La limitación de la jornada de trabajo fue, no solo un alivio de la horrible carga que sufría el proletariado de la revolución industrial sino el basamento de la democracia de masas y la mejora del funcionamiento del capitalismo mediante la racionalización de la producción en las cadenas de montaje y un más equilibrado reparto de la rentas con la consiguiente introducción del consumo doméstico como factor del ciclo del dinero. Hoy, la voracidad desbocada del capital al hilo de la revolución digital y la consiguiente desaparición del empleo masivo ha convertido la reducción de jornada en una piltrafa inoperante. Para los empleados, porque la desregulación del mercado de trabajo y la extrema competitividad por el empleo les obliga a aceptarlo en cualesquiera condiciones, sin posibilidad alguna de negociación. La desaparición del empleo masivo ha supuesto la desaparición del estamento social que lo encarnaba, la clase obrera industrial, hoy fracturada, falta de liderazgo y con sus sindicatos paralizados y mudos. Lo que queda fuera de este espacio de la economía industrial tradicional es un vasto paisaje de desempleados y precarios de todas clases, desde titulados universitarios hasta inmigrantes sin más fuerza que sus brazos en un entorno donde operan robots. La huelga, el arma tradicional de los trabajadores, se ha vuelto inoperante o, en el mejor de los casos, indicativa solo de un malestar mayor que la huelga no resuelve. En esta fase de acumulación del capital financiero o digital, la globalización se ha convertido en una coartada para poner de rodillas al estado nacional, quebrar su hacienda y eludir sus leyes. Los paraísos fiscales son las sanguijuelas aplicadas por los plutócratas en los músculos del sistema para aliviar la enorme congestión del dinero acumulado, pero ellos mismos necesitan ese cuerpo al que están sangrando para seguir vivos. Corporaciones bancarias, tecnológicas, energéticas, alimentarias o del entretenimiento necesitan el mercado de las sociedades desarrolladas para su supervivencia, pero ahora no se trata de arrancar la plusvalía generada por sus cualificados trabajadores, porque son pocos y ya lo hacen de oficio merced a la legislación laboral puesta al servicio de este objetivo, sino de arrebatar sus rentas a todos los demás a través del consumo, que no solo es suntuario, ni mucho menos, sino para satisfacción de necesidades básicas. Las menguadas rentas de pensionistas, parados y precarios imposibilitados para salir de su situación son el objetivo de estas corporaciones productoras de pobreza, que, paradójicamente, no pueden vivir en el empobrecido entorno que están creando. Alguna señal de este estado de cosas ha debido llegar a sus consejos de administración porque la renta básica empieza a mencionarse en estas esferas. Tienen tal cantidad de asesores en el mundo académico que alguno ha debido advertir la necesidad de considerar esta medida. Pero no hay que engañarse, corporaciones basadas en el lucro individual y que hacen de la competencia, cuando no de la piratería, el sentido de su misión en la tierra no es probable que vayan a favorecer una medida universal que forzosamente afectaría a sus arcas. Tendremos que esperar a que la izquierda deje sus pueriles enfrentamientos para que el debate de la renta básica salga del estado de espejismo en que está ahora.