La corrupción es en este rincón del planeta un monótono hecho atmosférico, como la nieve en invierno o el sol del verano, solo que, al contrario de lo que ocurre con las estaciones, las nubes y los vientos, ni siquiera es posible esperar que el cambio climático altere las expectativas, que una vez más se han visto penosamente confirmadas. El último informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción sitúa a España a una distancia abisal de los países más desarrollados de la unión europea, que son sus homólogos y socios, Ocupa el lugar 41 de la lista del mundo, doce puestos por debajo del que ocupan los dos últimos de este grupo europeo, Polonia y Portugal (29), aunque para ser justos, en la misma relación están por debajo Lituania, Malta y Rumanía. El que no se consuela es porque no quiere. La corrupción es para nuestros gobernantes lo que la pederastia para los curas: un hecho fatídico e indeseable, sin duda, pero que difícilmente puede identificarse como delito y cuya persecución acarrearía un desorden interno de tales proporciones que desaconseja intentarlo. La pederastia es un alivio de la argolla de la castidad y la corrupción es una extensión casi mecánica del poder recibido en las urnas. Esta lenidad está interiorizada en los presuntos, que difícilmente llegan a convictos. En el banquillo ante el tribunal hay acusados que se saben culpables y otros que no. Los corruptos que amenizan los telediarios con sus declaraciones ante el juez son del segundo tipo. La arrogancia y el visible sentimiento de que son ellos los ofendidos resultarían inimaginables en un atracador a mano armada o en un traficante de droga. En gran medida se saben impunes y es verdad que su impunidad es previsible si es que no está garantizada por una cadena causal que no se le oculta a nadie: la renuencia y el desinterés políticos en atajar estas tropelías, la voracidad de las redes clientelares de los partidos que extiende los beneficios de la corrupción, el consiguiente déficit normativo, la insuficiencia de los mecanismos administrativos de control, la dificultad intrínseca de la investigación policial, la lentitud y dependencia del aparato judicial y, en último extremo, la cínica aquiescencia que estas conductas encuentran en la población. La corrupción no abandonó al sistema de gobierno a la llegada de la democracia, simplemente se hizo más visible, pero ha estado siempre ahí, aunque bajo los primeros gobiernos del pepé aumentó exponencialmente de grado. La razón hay que buscarla en la desenfadada privatización del patrimonio público, cuyo coste será la herencia que nos dejarán los liberales patrios. Esto explica que una autopublicitada liberal haya presidido, sin ella saberlo, por supuesto, las actividades de algunas de las más provechosas redes de corrupción destapadas en el país. El mismo día que Transparencia Internacional ha hecho público su informe, dos capitostes afectados en distintos grados de corrupción han solicitado el reingreso en su puesto de funcionario; uno en el ministerio del interior, que le investigó, y el otro en el consejo de estado, que le reprobó. La ley está de su parte. La condición de funcionario público es intocable y ni una condena por cualquier delito puede privarle del puesto que ganó por oposición. He aquí una de las innumerables ramificaciones de la corrupción y sus consecuencias, no muy distinta a la resistencia del rector plagiario a abandonar el sitial, del que ninguna ley, ni desde luego su propia vergüenza, van a apartarle. Ante estos hechos, Luis el cabrón se pregunta, ¿a estos les vale y yo no voy a poder disfrutar de mi pasta en Suiza? Hay que reconocer que es una pregunta razonable.