Durante años, miles de españoles corearon públicamente y a voz en grito aquello de Carrero voló, etcétera. Aquella murga, que todavía puede encontrarse en algunos sitios de internet, no representaba una ofensa a una víctima del terrorismo menor que las que ahora juzga la audiencia nacional y el tribunal supremo; sin embargo, muchos de quienes la corearon ocuparon en los años siguientes cargos públicos, desde concejal a ministro, y nadie de aquella generación, a la que pertenezco, dejó de ver el atentado como una ventana a la libertad y a la democracia. Esto es discutible hoy, pero en todo caso es un debate para los historiadores. La justicia y los gobiernos hicieron su trabajo, la sociedad se enfrentó a la violencia como herramienta política y el terrorismo doméstico ha terminado. Es una conquista colectiva en la que, curiosamente, no queda más vestigio de aquel pasado que la celosa inquisición del fiscal y los jueces sobre los tuits perpetrados por algunos particulares con mala sombra. Estos mensajes, a los que la actuación judicial ha dado una publicidad inmerecida y que no tuvieron en origen, carecen de la pretendida gracia que, al parecer, quisieron imprimirles sus autores, muestran lejanía e indiferencia por los hechos aludidos y sus consecuencias, ignorancia política, falta de sensibilidad social y un punto de incivismo, pero cuesta creer que estén animadas por la voluntad de ensalzar el terrorismo y vejar a las víctimas, como lo probaría el hecho de que algunas de estas, públicamente connotadas, se hayan manifestado en contra del procesamiento y condena de los autores y que las asociaciones que las representan no se hayan personado en el procedimiento. La persecución penal de opiniones, o mejor, ocurrencias, como es el caso, referidas directa o indirectamente a la violencia política en este país puede llevar muy lejos. A cualquiera se le ocurren un par de referencias más recientes que el asesinato de Carrero Blanco o los crímenes de los grapo y de eta. Uno, la desenfadada declaración del portavoz del pepé desacreditando a los familiares de las víctimas del franquismo, que intentan recuperar los restos de sus padres y abuelos asesinados y enterrados en las cunetas. Dos, la campaña de desprestigio y acoso sufrida por una de las asociaciones de víctimas de los atentados de Atocha y su presidenta por el hecho de no ser del gusto de la mayoría gobernante. Los procedimientos contra tuiteros y titiriteros no tienen más consecuencia que amargar a los encausados y poner en cuestión la probidad del sistema judicial, que ahora se verá confrontado en tribunal europeo de Estrasburgo.