Vuelve el concejal Zapata al banquillo de los acusados, esta vez del dogal de dos asociaciones erigidas en acusación particular, una de ellas con su presidente en la trena por dirigir una organización criminal y la otra especializada en hostigar judicialmente a la izquierda emergente en cualquier oportunidad posible. Enfrente, el acusado tiene a dos jueces manifiestamente relacionados con el partido del gobierno que, en último extremo, es el principal interesado en la destrucción política del reo, los cuales han asumido la reapertura del caso después de que un juez instructor lo cerrara en tres ocasiones con el acuerdo del fiscal. Es imposible imaginar un escenario más gráfico de lo que se entiende por politización de la justicia, tanto más si, como es el caso, lo que se juzga es un presunto delito de opinión penalmente punible como ofensa a las víctimas del terrorismo, para lo cual ha sido necesario privar a efectos judiciales a la única víctima aludida en los mensajes por su nombre de su competencia para sentirse o no ofendida. Un presunto delito genérico y de opinión está a un tantico así de convertirse en delito ideológico y la audiencia que lo juzga, en tribunal de la inquisición. Puedo recordar el sentimiento de ira primero y de malestar después que nos invadió –no creo equivocarme con el plural- cuando se hicieron públicos los desgraciados tuits del concejal madrileño. La publicidad de estos mensajes, rescatados del pasado, tuvo desde el primer momento una clara intencionalidad política pero no por eso su literalidad era menos repulsiva. Lo hubiera sido en cualquier contexto, ya fuera una conversación privada o un monólogo humorístico, porque utilizaba como materia el sufrimiento de víctimas inocentes muy cercanas y banalizaba situaciones de injusticia que cualquier sociedad decente rechaza. Había en aquellos tuits una expresión de gamberrismo verbal muy desagradable, tanto más si su autor era ahora un concejal electo. Una rápida petición de disculpas y la dimisión voluntaria del concejal hubieran apagado de inmediato el conato de incendio pero esa salida es inimaginable en nuestro ecosistema político. El siguiente paso es el juez y Zapata ha recorrido durante meses los pasillos del procedimiento con la ceniza en la frente. La famosa pena del paseíllo es la misma cualquiera que sea el delito y aquí se trataba, aún se trata, de prolongarla tanto como sea posible. Lo que distingue al concejal de los tuits de los prebostes del cohecho y la prevaricación que se juzgan en alguna sala contigua es la mirada. Baja, confundida, derrotada en el concejal, y altiva, desafiante, belicosa, en los gurtelianos. No es imposible que el desafuero verbal del concejal le cueste una pena mayor que la que reciban quienes han dedicado su tiempo a saquear el país. Doña Aguirre ya ha adelantado un pronóstico: Zapata está políticamente inhabilitado. Ella, no; ella, tan terne.