En esta remota provincia subpirenaica el tribunal de cuentas recibe el nombre de cámara de comptos, término arcaico que se remonta al siglo catorce. Las instituciones fiscalizadoras de los dineros públicos fueron frecuentes y complementarias de las cortes estamentales en la época tardomedieval y, con la eclosión democrática de hace cuarenta años, prestaron sus pintorescos títulos a los órganos de análoga función con que se dotaron las comunidades autónomas necesitadas, como los nuevos ricos un poco snobs, de cierta nobleza heredada.
Cuando se instauró la actual cámara de comptos, allá por principios de los ochenta, el gobierno socialista de la provincia puso al frente de la institución al único parlamentario que había obtenido el partido carlista. En aquel momento, el carlismo estaba en el desguace y los militantes que querían seguir en política se acogieron a las siglas emergentes, a derecha e izquierda. Entonces podías encontrar ex carlistas hasta en la sopa. Don Mariano, que así se llamaba el parlamentario aludido, se quedó solo en el partido y en el escaño, de modo que optó por aliarse con los socialistas y reforzar su exigua mayoría. Estos le premiaron con la presidencia del tribunal de cuentas local. Eran aquellos, sin embargo, tiempos febriles en el que aún podían encontrarse vestigios de pureza democrática -de esa asilvestrada y sin ley contra la que nos advierte don Casado- y en cierto informe de la cámara de comptos sobre alguna actividad económica del gobierno apareció la palabra ilegal. Los medios, siempre ávidos, se hicieron eco de la noticia, el gobierno provincial montó en cólera, llamó a don Mariano a capítulo y la palabra ilegal desapareció del informe. Desde entonces y durante bastante tiempo, el gobierno tenía derecho a un trámite de lectura previo a la publicación definitiva del informe fiscalizador de sus propias cuentas. No se juega con las cosas de comer. Unos años más tarde, el mismo gobierno que ordenó borrar la palabra ilegal fue desalojado por corrupción y su presidente terminó en la cárcel, pero en esta ocasión la cámara de cuentas no intervino, ni para bien ni para mal.
Los tribunales de cuentas, llámense como se llamen, son una institución amigable y poco problemática que actúa, como sus ancestros medievales, en concordancia con el poder ejecutivo y la mayoría parlamentaria, que nombra a los capitostes del organismo. Su rutina tiene un carácter técnico y parsimonioso, produce informes fiscalizadores, no sentencias judiciales, en los que advierte sobre desajustes presupuestarios, las más de las veces referidos a varios años atrás y provocados por la práctica ordinaria del gobierno, sin mayores consecuencias. El clima interno de la institución es tan relajado y bonancible que sus capitostes no dudan en emplear a familiares y amigos por lo que el buen rollo reinante se extiende como una mancha de aceite e impregna a todas las instituciones del estado. El tribunal supremo niega que haya nepotismo en este comportamiento y, a su turno, el tribunal de cuentas absuelve a quien le ha nombrado, y aquí paz y después gloria. Para que el tribunal de cuentas recupere la palabra ilegal en sus informes tiene que darse la muy improbable confluencia de dos circunstancias, inéditas hasta ahora: una, que los capitostes de la institución no sientan lealtad hacia el gobierno de turno porque no han sido nombrados por la mayoría parlamentaria vigente, y dos, que suceda algo cercano al fin del mundo o, en versión celtibérica, a la ruptura de España. En esas estamos.
Un puñado de políticos de segundo nivel y altos cargos de gobiernos indepes son requeridos por el tribunal de cuentas para que aporten una millonada entre fianzas y multas, que, si bien no les llevará a la cárcel, dejará crujidas sus haciendas privadas. La causa: gastos del aparato de asuntos exteriores de la Generalitat –ya saben, cenorrios, conferencias, exposiciones y demás festejos de autobombo- que, según el tribunal, estuvieron dedicados a promover el fin ilícito de la independencia. No hay duda de que estos funcionarios hicieron lo que les encomendó el govern de turno, como hacen todos los funcionarios, y lo que hace este govern, y todos, es publicitarse a sí mismo y a su proyecto, así que, en ese sentido, sin duda, aquellos gastos sirvieron de alguna manera a la fantasmada de la dui. En realidad, todo lo ocurrido en Cataluña durante una década sirvió a esta causa y millones de catalanes aportaron su granito de arena bajo la batuta de su govern, del mismo modo que todos los españoles seríamos responsables del desastre humanitario de la guerra de Iraq si don Aznar hubiera seguido al frente del gobierno. Entre los encausados por el tribunal de cuentas está un economista de reconocimiento internacional, al que el tribunal hundirá en la miseria en el último tramo de su biografía. Pero, como diría la ponente del informe fiscalizador, doña Mariscal de Gante, puesta en el cargo por el pepé, la justicia es la justicia. Y así vamos tirando.