Agencias independientes, el nuevo ingrediente en la sopa del debate público. Una agencia independiente para evaluar la pandemia; una agencia independiente para la gestión de los fondos europeos; una agencia independiente para esto y lo otro. En resumen, dejad la voz y el mando a los expertos, lo que quiere decir, echad a un lado al gobierno y al parlamento, a los que se presupone incompetencia y mala fe, y a menudo ni siquiera es necesario presuponérselas. Esta apelación a las agencias independientes es el hijuelo de la presunta desafección popular a la política y a los políticos que la hacen y de la estrategia de élites que ven en peligro su estatus en este tiempo azaroso e incierto. No es ocasión histórica para esperar a un jefe providencial porque la cosa pública es demasiado compleja, fragmentaria y centrífuga, así que apelemos a un consejo de sabios, una institución típica de los estadios tribales de las sociedades humanas.
Dos contraindicaciones a este anhelo: los expertos lo son en su propio campo específico y a condición de que este no se vea alterado por nuevas variables inesperadas, un riesgo con el que la política lidia todos los días, y segunda, las agencias independientes dependen que quienes las han nombrado, porque no son autoconstituyentes. En la constelación de instituciones que conforman el estado, hay algunas de alto rango que pueden considerarse independientes; por ejemplo, el banco central y el consejo del poder judicial. Del primero, despojado de sus competencias en política monetaria, no puede decirse que haga gran cosa por pilotar el rumbo de la economía nacional como no sea oficiar de Casandra sobre los males que nos esperan porque los salarios son muy altos o los viejos viven demasiado para las pensiones que cobran. En cuanto al poder judicial ha demostrado su tendencia a autorreplicarse corporativamente del mismo modo que se autorreplican los denostados partidos políticos, en función de los intereses crecientes o menguantes que hay en su interior.
La emersión de las agencias independientes tiene su correlato en otro término que se abre paso en el debate: el estado fallido, es decir, aquel que ha perdido autoridad en parte del territorio o entre ciertas clases sociales y no es capaz proveer de servicios para cumplir la función que le es reconocida. Va en gustos decidir si España es o no un estado fallido; síntomas presenta, desde luego. Pero lo único seguro es que el mal no se remediará con agencias independientes. Ya veremos en qué queda todo.