Las cloacas del estado es un símil que ha hecho fortuna sin que lleguemos a entender su alcance. Cuando las cloacas funcionan no son del estado, son el estado mismo. Es inimaginable un estado sin cloacas, como lo es una ciudad sin alcantarillado. Es cuando revientan y su pestilente contenido invade las calles a nuestros pies, discurre ante nuestros ojos y se prende de nuestras pituitarias cuando despierta la alarma social. Hay algo de hipócrita y sobreactuado en tanta indignación como ha rodeado la publicidad de las industrias y andanzas del tal Villarejo. ¿A dónde creemos que van los zurullos expelidos por nuestros intestinos? Ítem más, ¿a dónde creían los votantes del pepé que iban sus votos de fino papel seda repentinamente transmutados en toallitas húmedas? Las cloacas están para nuestro bienestar y forman parte del ciclo de la vida. ¿Qué clase de temeraria tontería es la proclama de la ministra socialista cuando afirma triunfante y engallada que ya no hay cloacas del estado?, ¿a dónde llevan entonces aquellos materiales que requieren forzosamente un tratamiento discreto y especializado?

Es la nuestra una cultura refranera, propensa a las metáforas obvias que se quieren afiladas y luminosas y resultan romas y opacas, y alguna es decididamente cínica, como policía patriótica. En el asunto que nos ocupa, la originalidad del caso no radica en las alcantarillas sino en que un pocero había montado por su cuenta un negocio de tratamiento de residuos con el conocimiento, la aquiescencia, la complicidad y a beneficio de los regidores de la cosa pública y de sus amigos del mundo de los negocios y de la prensa. Don Villarejo es un emprendedor, un adelantado, que descubrió un nicho de negocio inédito y lo ha explotado bajo el mandato de una decena de ministros del interior sucesivos, socialistas y populares, lo que da una idea de la cantidad gente que estaba en el conocimiento de sus actividades sin mayor escándalo. La explicación es simple. Si estamos por privatizar la educación y la sanidad, para no hablar del sinnúmero de servicios públicos que ya han sido privatizados, ¿por qué no privatizar el estado en su conjunto? Y si se acepta la premisa, ¿qué otra cosa se puede hacer que trabajar por ocultar los propios desmanes y eliminar a la competencia? El último ministro de la policía al cargo del operativo era un meapilas al que los mismos fontaneros le colaron micrófonos en el despacho, gracias a lo cual pudimos saber que, ante una prueba falsa para embaular a los adversarios políticos, dijo aquello de que la fiscalía te lo afina, lo que revela la alta estima y la función que asignaba a los poderes del estado. Por eso esta gente se llama a sí misma constitucionalista. Y así podríamos seguir desgranando chascarrillos sobre las cloacas, sus habitantes y obras sin advertir que a día de hoy toda esta eclosión de mierda no ha tenido ningún efecto político. Nadie ha dimitido, nadie ha sido sancionado y nadie se siente concernido, y el torrente de inmundicia se pierde en los meandros del procedimiento judicial. Nos queda la esperanza de lo afirmado por la ministra, pero ¿qué sabe ella?