Puedo recordar vivamente el momento en que escuché por primera vez la teoría de la conspiración interminable y el sentimiento de irritada extrañeza que me produjo. Fue en el interior de un taxi amenizado por la emisora de los obispos, unos días después de la derrota del pepé en las elecciones generales de 2004. El radiofonista de turno aseguraba que nadie podía creerse que unos moritos [sic] fueran capaces de organizar aquello. Aquello era lo que ha quedado estampado en la historia como el 11-M, el más grande y sangriento atentado sufrido por un país europeo en tiempo de paz. Diez bombas alojadas en trenes de cercanías de la capital del país estallan pocos minutos antes de las ocho de la mañana en vagones repletos de gente que iba al trabajo. Ciento noventa y dos personas asesinadas, la última fallecida después de diez años en coma; más de mil ochocientos heridos. La reacción de los servicios públicos y de la población en general fue ejemplar: solidaria y eficiente en medio de un generalizado estado de shock. Puede decirse que todo el país afrontó de cara aquel horrendo e inesperado ataque. Todo el país menos su gobierno. Hoy se cumplen quince años de aquello.
A las pocas horas del atentado ya había evidencias de que la autoría no era del terrorismo etarra y no podía ser más que obra del yihadismo. Pero las evidencias contradecían el guión del gobierno del pepé, que había hecho de la lucha contra el terrorismo doméstico su más acrisolada bandera bajo la latente amenaza de convertir en cómplice de los terroristas a todo aquel que no aceptara su discurso. Entonces, con los vagones reventados en las vías y la sangre aún roja en los andenes, el gobierno de don Aznar presionó durante horas a los medios de comunicación y al cuerpo diplomático para sostener su crecientemente disparatada y maliciosamente falsa teoría. El pepé perdió las elecciones tres días después del atentado, la policía descubrió a los culpables, la justicia juzgó y condenó a los que no se habían inmolado en un suicidio colectivo antes de ser detenidos, y la sociedad recuperó poco a poco la tranquilidad. Pero la teoría siguió su tenaz labor de zapa, infatigable, anidada en tribunas mediáticas y en las profundidades del credo conservador. La premisa era la siguiente: el atentado había sido organizado por una conspiración participada por el pesoe para ganar las elecciones. Decenas de lacayos de toda especie se dedicaron durante meses y meses a buscar las presuntas pruebas de esta invención y para ello atacaron a policías, jueces, asociaciones de víctimas y a cuantos en razón de su trabajo institucional o de sus convicciones proporcionadas por los hechos se oponían a sus designios. La teoría de la conspiración ha sido quizá el bulo más monumental inventado con fines políticos desde Los protocolos de los sabios del Sión. En resumen, lo que había sido una respuesta unánime y democrática a un ataque masivo contra la sociedad pudo convertirse en la potencial mecha de una guerra civil. Aún dura la brecha. Nadie entre los implicados en este embuste ha reconocido nunca su participación en la tóxica campaña ni menos ha pedido perdón por el daño moral causado. Al contrario, la trola sigue viva y, por si sirviera para algo, la vuelven a poner en circulación los herederos aventajados del régimen aznárida, Abascal y Casado, firmes partidarios de aplicar una cierta dosis de guerracivilismo en la convivencia.