Víspera de navidades y los tribunales, convertidos en el vertedero de una sociedad que muda de piel, están atiborrados de causas, como los desagües de la ciudad lo están de toallitas húmedas. Así que el juez de turno ha decidido no considerar delito de odio las amenazas que un puñado de policías locales de Madrid han proferido contra la alcaldesa de la capital. La razón es que no se ha recibido ninguna denuncia en ese sentido, lo que quiere decir que tampoco la fiscalía la ha activado y, al parecer, sin denuncia, este específico delito no es perseguible de oficio. La decisión del juez parece acertada. El delito de odio se está convirtiendo en un centón de ocurrencias, un vagón de varios, que diría el abuelo ferroviario, en el que casi cualquiera puede sentirse odiado por aquel a quien desea acallar. Doña Carmena, que está demostrando una elegancia y un temple admirables ante las oleadas de peligrosos idiotas que quieren desestabilizarla, ha procurado dejar el asunto fuera de cualquier connotación personal. Debe pensar que ser objeto de improperios y amenazas va en el sueldo desde que doña Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos profiriera con trémolo trágico, no te lo perdonaré jamás, Manuel Carmena, jamás, porque le incomodó el avío de los reyes magos en la cabalgata. Así que el delito de la alcaldesa es de origen, por ser alcaldesa, y, llevados por esta lógica punitiva, qué menos que desearle la muerte, dolorosa, ya puestos, como han hecho los guripas en su foro de mensajería.
Lo que trae la causa más parece un delito de apología del crimen y del terrorismo, que, habida cuenta que ha sido formulada por individuos adscritos a un cuerpo de funcionarios armados en un foro profesional (el equivalente al cuarto de banderas de una unidad militar, para que se entienda), bien podría ser elevado a la categoría de sedición y rebelión, delitos puestos de moda por la fiscalía en esta temporada otoño-invierno. Si unos destalentados esperan en la localidad de Alsasua una condena de cincuenta años por una agresión menor a unos guardias civiles, elevada por el fiscal a la categoría de terrorismo, ¿qué se puede esperar que les caiga a unos gendarmes que se postulan públicamente como kapos de Auschwitz y fervorosos partidarios de la solución final empezando por la alcaldesa de su localidad? Ya sabemos que en nuestra cultura jurídica, la apología del nazismo como refuerzo argumental para sugerir un asesinato político es pecata minuta. No en vano nuestro fascismo doméstico duró tanto y penetró tan hondo que llegó a ser considerado como constitutivo de la sociedad. Aquí, los fachas no tienen que hacer ningún esfuerzo especial para ser reconocidos y aceptados. De hecho, el portavoz del partido de doña Álvarez Etcétera, un tal don Casado, no consigue distinguir el matonismo de los policías municipales de un acto de protesta en una capilla universitaria.