El circo político que nos envuelve y nos tiene abducidos desde hace meses ha dejado poco espacio para la atención de lo que parece una noticia clave sobre la salud moral de la sociedad: el juicio que se lleva a cabo contra cinco machotes que se creen de sí mismos miembros de una manada de lobos, por la presunta violación en grupo de una chiquilla de dieciocho años en las fiestas de este pueblo el año pasado. El proceso a puerta cerrada, dictado por el tribunal, sin duda con buenas razones, refuerza el carácter opaco del suceso y la ubicación en la sección de sucesos lo constriñe al ámbito de lo personal, casi de lo anecdótico. Un hecho así provoca sorpresa e indignación social, y ciertamente desató en su día numerosas manifestaciones de protesta, pero, si se hurta el conocimiento de las circunstancias en que fue cometido y de sus perpetradores, se priva de una importante fuente de conocimiento de una de las peores lacras de nuestra sociedad que, sin eufemismos, es la violencia machista contra las mujeres.
El juicio se enmarca en una sociedad en la que uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia machista en la pareja; dos de cada diez creen que el problema de la violencia contra las mujeres se exagera y está politizado y uno de cada cuatro no cree que las mujeres tengan menos y peores oportunidades para desenvolverse en el ámbito público que sus compañeros varones, según un estudio publicado por una solvente institución dedicada a la infancia y juventud. Este estado de opinión crea una indefensión generalizada en las mujeres en cuyo extremo una cuadrilla de predadores pueden considerar un derecho y una trivialidad secuestrar con engaño a una joven, acorralarla en un portal y mediante la fuerza someterla como esclava sexual, y pretender luego que esos actos han sido consentidos por la víctima Si esta hubiera sido un varón adulto y la agresión una paliza, ¿se aplicaría con la misma ligereza la presunción de consentimiento? Una violación deja huellas emocionales imborrables, análogas a la que puede dejar una amputación. En los dos casos se trata de una agresión consumada contra la integridad física y en consecuencia moral del individuo, pero mientras nadie sospecha complicidad de la víctima si le cortan una mano, esta sospecha viene casi de oficio cuando se trata de una violación. En este caso, el juez ha admitido como prueba el informe de un detective encargado por la defensa para documentar el consentimiento de la víctima por la vida social que hizo después de la violación. Las acusaciones tendrán que redoblar sus esfuerzos para probar la inanidad de esta prueba presuntamente exculpatoria. Y es que en caso de violación, la víctima tiene que pasar por el trámite previo de no ser considerada culpable.