El fisco de esta provincia desde la que escribo ha hecho pública una lista de grandes morosos que agrupa a 316 personas físicas y entidades que adeudan 238 millones. No son cifras menores a tenor del censo total de población y de que los figurantes en la lista adeudan cada uno cantidades superiores a los doscientos cincuenta mil euros. Pero, como siempre, lo más indicativo son los nombres propios porque nos ayudan a conocer la geografía moral de la sociedad mejor que las estadísticas. Dos nombres llaman la atención en este paisaje. El primero es el de una empresa bodeguera que debe al fisco cerca de setecientos mil euros, propiedad de la familia de la portavoz del pepé en la provincia, la cual fue durante un tiempo gerente de la empresa, y en su actual quehacer político calificó de sanguinaria (nada de remilgos) una pequeña reforma fiscal del gobierno provincial. ¿Qué hace esta persona en la política que no sea proteger los intereses corporativos de su patrimonio familiar?, ¿cómo aplicarle la presunción de inocencia en su dedicación política y, a la luz de lo que sabemos de los Rato, Blesa, González y demás correligionarios, no sospechar de ella también como de una presunta delincuente? El segundo nombre que resalta en la lista de morosos forma parte de una dilatada pesadilla de nuestra generación. Fue en los años ochenta el primer presidente democrático de la provincia, socialista, y terminó en la cárcel por los mismos delitos de corrupción que ahora atarean a los jueces de la audiencia nacional. Este tipo, un curita ambicioso y engreído cuando saltó del hábito talar a la política, violó nuestra inocencia democrática (sí, hubo un tiempo en que éramos inocentes), arrasó para siempre a su partido en la región y resulta que aún nos debe medio millón de euros. No es posible saber si esta crisis económica interminable y la epidemia de corrupción que ha revelado terminarán por modificar la actitud de la gente ante el fisco, del que por ahora solo conseguimos apreciar su carácter extractivo y no la función distributiva que es su consecuencia en forma de gasto público. Jamás hemos sido una sociedad de individuos libres y la noción de ciudadanía, con su correlato de derechos y obligaciones, nunca ha arraigado en la conciencia común. La percepción del fisco responde a este esquema up and down. Hay un régimen impositivo ineludible para los de abajo, asalariados y pensionistas, que se relaja a medida que se ascienden peldaños en la escala social mediante excepciones, distingos, oportunidades de evasión, hasta el mero y descarnado fraude al que, como se está viendo todos los días, no le faltan ocasiones para quedar impune. La derecha, que basa su razón de ser en la convicción de que el país es de su propiedad, hace todo lo posible por conservar operativo este estado de cosas cuyo carácter fatalista se lee en el dicho popular: todos roban. Sí, pero unos roban más que otros, para decirlo parafraseando a Orwell. El mismo día en que ha aparecido la lista de morosos de la provincia, un vástago de los Pujol hacía una desahogada defensa de este criterio: es mejor tener un presidente first class que defraude a hacienda que un mediocre que pague impuestos, ha venido a decir para justificar los desmanes de su parentela. Recortes de gasto público, salarios bajos, empleos precarios, deuda impagable y mucha desvergüenza, he aquí las cargas del presente.