Los liberales como Isaiah Berlin o Ralf Dahrendorf -que nada tienen que ver con los liberales ful, como Esperanza Aguirre- sostienen en sus escritos que, en un sistema democrático, las elecciones no son tanto para entronizar al mejor gobierno posible cuanto para desbancar al que no nos gusta. Las elecciones son así un juego de prueba y error. El gobierno siempre es malo, pero la democracia permite elegir, provisionalmente y hasta los próximos comicios, al menos malo, a juicio de los electores. Parece una concepción pesimista pero es funcional y efectiva; primero, porque conserva la autonomía de la sociedad civil y con ello la libertad de opinión y decisión, y segundo, porque lo que llamamos la clase política carece de esa impregnación mafiosa que tiene entre nosotros. El diputado o la diputada se están jugando todos los días el puesto ante la población que le vota y a la que atienden directamente, o deben hacerlo. Es posible que esta opinión de los padres del liberalismo solo pueda entenderse en un sistema electoral como el británico, que funciona por circunscripciones unipersonales y por mayorías absolutas en cada circunscripción, en el que el candidato (no una lista cerrada y bloqueada, sino un individuo) más votado gana el escaño sin otro trámite. Luego, son los diputados electos los que determinan la acción del gobierno y del partido al que representan, y no al revés, como ocurre aquí, donde puede decirse sin duda alguna que un 70% de la población española no quiere a Rajoy al frente del gobierno porque de lo contrario hubiera votado a su sigla. Pues bien, el sistema español permite la repetición mecánica de las elecciones una y otra vez, con los mismos candidatos que han demostrado su incapacidad en intentos anteriores, hasta que la fatiga haga rectificar su decisión al cuerpo electoral. En esas estamos. Las elecciones aquí no son, en primer término, para cambiar al gobierno sino para acomodar a unas elefantiásicas estructuras clientelares a las que llamamos partidos en el reparto del botín institucional en el que el premio gordo absoluto se lo lleva el partido que ocupa el gobierno. El sistema proporcional vigente se justifica porque, al contrario que el mayoritario, abre el juego a más fuerzas políticas y les reconoce la representatividad que les dan las urnas. Esta especie de barra libre electoral se ve, sin embargo, restringida en este caso por dos mecanismos legales: la corrección en la asignación de escaños, que favorece a los partidos mayoritarios y al bipartidismo, y el fuero constitucional de que disfruta el gobierno, prácticamente invulnerable al control del parlamento, aun en minoría, una vez que ha sido votado por el mismo parlamento. Esta realidad convierte en una falacia la afirmación del presidente de la recién creada gestora socialista, según el cual abstenerse para hacer posible un gobierno del pepé no es lo mismo que apoyarlo. Una vez constituido, el gobierno no necesita apoyo alguno porque para la acción ordinaria siempre encontrará la complicidad de alguna fuerza para conseguir sus fines, lo que en los tiempos de zetapé se llamaba geometría variable. El poder ejecutivo es preeminente en nuestro sistema y podrá gobernar mejor o peor pero es imbatible porque los mecanismos legales para removerlo son impracticables, y dirigirá la orquesta del parlamento, por más desafinada y hostil que se muestre, hasta las próximas elecciones. Esto lo sabe todo el mundo, hasta el presidente de la gestora socialista, al que los cambalaches de sus correligionarios han puesto en el papel de administrar una derrota política sin precedentes.