Entre la hojarasca del pacto pepé-ciudadanos, cuya virtualidad última se comenta por sí sola, llama la atención al tipo que esto escribe la medida 119, que reza así: “Aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción, con el fin de reconocer y proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés general”. ¿En qué pensaban los firmantes cuando redactaron esta intrigante propuesta? Seguramente en nada. La protección de testigos se activa cuando el crimen es organizado y el denunciante teme razonablemente por la represalia de los socios y parientes del delincuente denunciado. En un cierto sentido, toda denuncia es una delación y una ruptura del sobreentendido que rige la cohesión del grupo social y cualquier delator puede esperar la venganza de los perjudicados por la denuncia, que en esta circunstancia no es solo el denunciado. En todo caso, esta protección necesaria del estado nos remite a sociedades atávicas, con bajísimo nivel de conciencia cívica y dominadas por grupos de interés organizados. Es una definición que cuadra a este país. Para no hablar del pepé, que ha elevado el delito de corrupción a la condición de situación atmosférica, como la sequía, ni ceñirnos a lo ocurrido en estos últimos años, podemos recordar al concejal socialista madrileño Alonso Puerta, expulsado de su partido en fecha tan temprana como 1981, apenas estrenada la democracia, por denunciar un caso de cohecho en el ayuntamiento de la capital. Caso que, claro está, nunca fue investigado porque una comisión de investigación concluyó que Puerta se había equivocado. La comisión estuvo formada solo por concejales de la izquierda (pesoe-pecé) que formaban el gobierno municipal del profesor Tierno Galván. ¿Alguien cree que con estos legisladores y los que vinieron después se vaya a aprobar ninguna ley que estimule la denuncia de la corrupción? Solo hay tres clases de ciudadanos que pueden hacer estas denuncias con solvencia y credibilidad judicial: 1) los propios políticos, 2) los empleados de la empresa corruptora y 3) los funcionarios. Los primeros aprendieron la lección del protomártir Alonso Puerta y antes se dejarían la piel en el potro que soltar prenda, como hemos visto desde entonces, porque de la corrupción depende la financiación del partido y en consecuencia su ganapán. No olvidemos que la miríada de cargos públicos que parasita el sistema político no es elegida por la ciudadanía sino por el partido que los ha puesto en la lista electoral en un lugar de salir, como se dice en jerga, o los ha nombrado a dedo si no había espacio elegible en la lista. En cuanto a los empleados de la empresa corruptora, si son de alto nivel, los únicos que están en condiciones de hacer estas denuncias porque conocen la materia, están atados por cláusulas de confidencialidad por las que son generosamente retribuidos y, con un buen abogado, la empresa puede demostrar sin dificultad que el empleado ha vulnerado su contrato. Quizás la denuncia prospere pero el empleado puede dar por descontado no solo el despido de la empresa sino la imposibilidad de ser contratado por ninguna otra en el nivel profesional que disfrutaba hasta el momento en que se le ocurrió ser decente. Por último, los funcionarios se limitan a no implicarse en resoluciones administrativas que contengan alguna sospecha de corrupción. Si tienen competencia en el trámite del expediente se limitan a no estampar su firma o a incluir alguna objeción técnica sin valor resolutivo alguno. No obstante, esta actitud puntillosa ocasiona dilaciones y, en alguna medida, pone bajo sospecha el expediente, pejiguera que los partidos han resuelto mediante la creación de una superestructura de paniaguados a dedo y de cargos funcionariales que deben el complemento de jefatura y otras gabelas a la lealtad al mando, y asunto concluido. La corrupción en todos sus grados no solo es el modus vivendi de decenas de miles de individuos y familias sino también un modus operandi pertinente al funcionamiento del sistema porque engrasa la maquinaria del gobierno y, en periodo electoral, sirve de munición contra el adversario. Me pregunto cómo es que los chiquitos de ciudadanos, con lo listos que parecen, no lo han visto, a menos que esta propuesta y el acuerdo que la contiene junto con las otras ciento cuarenta y nueve sea una pamema, otra más, de este interminable intento de mantener en pie el teatrillo.