La renuncia del ya ex ministro Soria a su cargo, el descubrimiento del fraude de Aznar y las consabidas hazañas de Rato evidencian que ha anidado en el gobierno esa casta formada por los del dinero de toda la vida y los nuevos del pelotazo, que llevan décadas pasándose por los forros las obligaciones con hacienda, es decir, meándose en la bandera. Los fulleros están, no solo en los aledaños del gobierno y en sus zonas de recreo, donde ya sabíamos que acampaban, sino en el núcleo duro del ejecutivo, donde se toman las decisiones. En lenguaje clínico, diríamos que la corrupción ha hecho metástasis. Que el presidente Rajoy haya asistido, impasible el ademán, a esta toma del poder por los corsarios del dinero negro no solo es anecdótico sino previsible. Rajoy es profesionalmente registrador de la propiedad y su oficio consiste en sancionar en papel de barba y sin hacer preguntas los cabildeos de sus clientes, siempre que parezca que se ajustan a la letra de la ley, aunque sea pequeña. El ecosistema explica un par de perplejidades del común. Una, que el ex ministro Soria dijera no recordar haber firmado la documentación que lo convertía en directivo de una sociedad afincada en un paraíso fiscal. ¿Qué ciudadano común olvida, por la cuenta que le trae, que ha firmado un papel ante notario? La segunda perplejidad está en el hecho de que Rajoy apoye de entrada y sin reticencias a todos los pajarracos de su entorno que aparecen envueltos en negocios turbios. ¿Se imaginan a un notario o a un registrador de la propiedad que traicionara el secreto profesional y comentara con el primero que pase su sospecha de que alguno de sus clientes había cometido un pufo? Es algo más que una metáfora; es un hecho necesario que el presidente del gobierno sea un mero testigo de la corrupción reinante. El presidente del gobierno y los operadores del dinero, sea blanco, negro o grisáceo, mantienen una relación simbiótica. Pero Rajoy no es una excepción, claro, aunque, por lo que a nosotros respecta, está en el centro mismo del problema. Como consecuencia del alumbramiento de los llamados papeles de Panamá, el parlamento europeo ha aprobado una ley que protege el secreto corporativo de las empresas, a fin, dicen, de salvaguardar la competencia en el mercado, y también, pero esto no se dice, para protegerlas de la inquisición de hacienda, de los consumidores, de las agencias de control y demás afectados por sus prácticas. Esta ley europea, y otras formas de complicidad con el gran dinero, que nos asaltan cada día, dan la medida de la asfixiante corrupción ambiental, directamente relacionada con la desigualdad, el desempleo y el neofascismo que se manifiesta en el rechazo a los refugiados. El mecanismo funciona de la siguiente manera: los gobiernos nacionales de la UE forman una corporación ejecutiva, que se reúne con asiduidad, y mantienen entre ellos relaciones opacas de poder, clientelismo y complicidad a favor de sus amigos y conocidos -como el ex ministro Soria, por citar un ejemplo muy menor-, e irradian sus decisiones a los parlamentos, donde acampan amigos de confianza, obsequiosos clientes y paniaguados diversos -como Cañete, Barberá o Gómez de la Serna, por citar también casos menores y distintos entre sí-, que con toda la pringue encima, votan las leyes. Este chapapote de corrupción en el que ya no hay modo de distinguir, no ya a los culpables de los inocentes, que eso será cosa de los jueces y de la historia, vale decir, del juicio final, sino las causas, los mecanismos y las consecuencias, lo cual compete a la acción política inmediata, genera la parálisis, la desconfianza, la mala fe y la absurda gestualidad de los partidos, a las que asistimos estas semanas.
P.S. Después de escribir esta nota ayer, leo la noticia de cierto revuelo provocado por el nombramientto del jefe de la escolta de Aznar como agregado policial en la embajada en Panamá. La cosa tiene que ver con la irregularidad administrativa del nombramiento mismo pero la noticia arrastra la duda de para qué necesita España un agregado policial en Panamá y por qué habría de ser precisamente el escolta de Aznar. Si se le quería recompensar a este policía los servicios prestados sin alterar la celosa escalilla funcionarial, se le podría haber enviado a otro país igual de políticamente irrelevante, por ejemplo, a la embajada de Uagadugú.