La presidenta de mi pueblo ha calificado de desfachatez considerar que el régimen foral sea un “privilegio anacrónico”. En efecto, no es anacrónico, sino plenamente vigente y operativo. Argumentar, sin embargo, que no sea un privilegio, es más difícil. El término mismo, fuero, induce a pensarlo. Los fueros eran concesiones del arbitrio real que distinguían a unas poblaciones o estamentos de otros, y lo que era permitido a unos, les estaba prohibido a los demás. Es, pues, un vestigio del antiguo régimen, y en ese sentido, los que quieren abolirlo lo califican de anacrónico. Pero aquí ya se entiende que no estamos hablando de reyes y reinos medievales. El régimen foral de la provincia donde vivo tiene un doble significado histórico. En primer lugar, es prueba de la impotencia del Estado decimonónico español para llevar a todos los territorios del reino los principios igualitarios que lo inspiraban, carlistadas mediante. En segundo término, derivado del anterior, fue un apaño formidablemente beneficioso para las elites económicas del país. Las de la provincia consiguieron de una tacada los beneficios de un mercado más amplio y unificado por la abolición de las aduanas interiores, reteniendo para sí la caja de los impuestos, y, al otro lado de la mesa, el Estado consiguió paz social y lealtad constitucional a un precio económico más que tolerable para todos porque la provincia era entonces, y lo es ahora, insignificante en términos de PIB nacional. Para hacerse una idea de la poquedad del precio pagado puede decirse que la aportación fiscal de la provincia a las arcas del Estado recibió el desdeñoso y piadoso nombre de donativo foral, que aún se utiliza en la jerga de los foralistas tradicionales. Casi un siglo después de estos sucesos, vino el nacionalismo, que es la plataforma desde la que habla mi presidenta, como consecuencia de la gradual extinción del carlismo. Esta circunstancia histórica ha creado una nueva dialéctica entre nacionalismo y régimen foral por la cual este sería el paliativo a la secesión. Eso explica la segunda parte de las declaraciones de mi presidenta, que sugiere aplicar el régimen de convenio económico en Cataluña. De este modo dejaría de ser un derecho histórico para convertirse en una terapia de choque. En el ámbito desde que habla mi presidenta este paliativo funciona porque el régimen económico foral es querido y defendido por toda la población (¡y quién no!) mientras que el nacionalismo de por aquí es de raíz étnica, minoritario y desigualmente repartido por las provincias que tienen régimen foral, porque, bien entendido, son las provincias y no la nación las titulares del fuero. Aplicar la fórmula en Cataluña sería una catástrofe fiscal para el Estado y es improbable que sirviera para desactivar el independentismo. En realidad, el dumping fiscal es la última batalla del capitalismo financiero y los regímenes forales no tienen otro destino que convertirse en paraísos fiscales o extinguirse. Lo primero sería un desastre para todos y lo segundo no va a ocurrir en las condiciones políticas actuales. Así que aún seguiremos un tiempo hablando del donativo.