Leo que la corporación municipal madrileña que preside Manuela la Roja ha obligado a cierta cafetería céntrica y postinera de Madrid a reducir drásticamente las dimensiones de la terraza del local para adaptarla a las ordenanzas municipales, que regulan que el espacio público no es para uso privado. La consecuencia inmediata es que la empresa hostelera ha anunciado un recorte de la plantilla y esta, naturalmente, se ha manifestado en defensa de su empleo, con el apoyo incondicional de los concejales del Partido Popular, clientes del mencionado establecimiento, que defienden los puestos de trabajo con la misma vehemencia que su derecho a tomar el aperitivo donde les dé la gana, lo quiera o no la ley, que, en otro orden, es igual para todos. Vivimos en una fase del capitalismo en el que los trabajadores se han convertido en rehenes del delito de sus empleadores. Es lo que ha ocurrido a lo grande en Das Auto. A la empresa le ha faltado tiempo para anunciar que no será un proceso sin dolor la reparación del descomunal fraude medioambiental urdido por la dirección. Ya se entiende que el dolor será para los trabajadores porque el responsable material del fraude se ha ido a casa con una jubilación de Aga Khan, por supuesto, pactada por contrato, y ya sabemos que la seguridad jurídica es un valor inviolable de nuestra sociedad. Que se lo digan a los desahuciados de nuestro país. La repuesta de los curtidos trabajadores metalúrgicos alemanes ha sido la misma que la de los camareros de la cafetería madrileña: 20.000 empleados se han manifestado en defensa de su empresa delincuente embutidos en unas camisetas que ha distribuido su sindicato con el lema, Un equipo, Una familia. Somos Volkswagen. No sabemos hasta dónde llega la solidaridad familiar y si los trabajadores están dispuestos a ir también a la cárcel o si aspiran a retirarse con la indemnización de su ingeniero jefe. El fraude perpetrado por Volkswagen en los medidores de emisiones contaminantes de sus vehículos es una operación de largo alcance, no solo para ahorrar costes y conservar posiciones en un mercado crecientemente competitivo, sino para echar un pulso a las autoridades europeas y a la opinión pública ocultando el hecho de que fabrican, como toda la industria automovilística, un producto esencialmente tóxico, contaminante del medio ambiente, disfuncional para el transporte, opresivo para las ciudades y oneroso para la economía. En Madrid, precisamente, padecieron hace un par de días un episodio de esta toxicidad en un atasco monumental para el que Esperanza Aguirre -una automovilista conspicua y aventajada, que también usa los carriles de tránsito público con fines privados-. encontró de inmediato al culpable: la alcaldesa Manuela la Roja.