La globalización ha despojado de su base material a los estados nación y a las naciones que aspiran a ser estado. Las  vías de este vaciamiento son conocidas: la libertad de comercio disloca los tejidos productivos, la irrupción de la empresa privada en los servicios públicos priva de sentido práctico, y moral, al estado, y, por último pero no en último lugar, la hipermovilidad del dinero permite su acumulación en madrigueras que llamamos paraísos fiscales, a miles de millas náuticas de distancia de los lugares donde podría abonar la economía productiva. Para no mencionar los abismos de desigualdad social que deja a su paso y que en estos momentos se ven ilustrados por el vertiginoso desequilibrio de las vacunaciones, que amenaza con una crisis planetaria de consecuencias imprevisibles. Es una situación que no hay gobierno que pueda domesticar o corregir, y no digamos derogar, y que da al debate político un aire fantasmagórico. Véanse un par de ejemplos relacionados con la negociación de los presupuestos del estado para el año próximo.

El peeneuve ha retirado una propuesta presentada en el marco de la negociación presupuestaria para crear una nueva marca de vino con denominación de origen que se llamaría rioja alavesa y que englobaría las bodegas de esta provincia ahora inclusas en la denominación rioja. Lo más significativo no es que haya contado con el rechazo de los demás bodegueros de rioja y de paso se haya sentido agredido el patriotismo riojano (no todas las regiones españoles tienen el honor de llamarse como un vino de fama internacional, otro gallo nos cantara si fuera así) sino que la iniciativa es potencialmente destructiva para la marca y para la industria que vive de ella. Las denominaciones de origen son artilugios comerciales para distinguir y potenciar un producto al que se atribuyen cualidades únicas en el mercado, lo que exige que tanto la marca como el producto sean inequívocos ante el comprador. El gremio de catadores de vino dirá si en la mesa hay alguna diferencia entre los caldos riojanos y alaveses pero, de momento, el intento de nacionalismo vitivinícola ha quedado aparcado. Al parecer, los bodegueros alaveses no tienen clara la elección. La patria, bien; pero la cuenta corriente, mejor.

A su turno, esquerrarrepublicana ha visto frustrado su intento de fijar un porcentaje (6%) de la producción audiovisual en las lenguas cooficiales, y por lo que toca, en catalán. El estado español no tiene ninguna competencia reguladora sobre las grandes plataformas internacionales de distribución audiovisual, radicadas fuera del país, y en las que la presencia del catalán se cifra entre el 0,1 y el 0,8%. En consecuencia, la cuota pactada por esquerra solo podría ser de aplicación a las plataformas españolas, lo que introducirá una obligación para estas que las perjudicará en beneficio de las majors del sector, que quedan exentas. Es la globalización, amigo, y Barcelona no es Hollywood; y tampoco Madrid, claro. El portavoz republicano ha amenazado con romper el acuerdo presupuestario si el gobierno no acepta que la cuota audiovisual se aplique a todas las plataformas, de modo que, indirectamente, el tinglado de la globalización aplicado a este comparativamente pequeño problema muy bien podría dejar al país sin presupuestos y por ende derribar al gobierno. Vamos apretujados en patera hacia alguna parte, las olas son cada vez más altas, los víveres y el agua escasean y el viaje es interminable.