Los adversarios de la recién aprobada ley de Educación no han dudado en poner al frente de la protesta al alumnado de los colegios privados, muchos de ellos bajo la férula de la iglesia. Niños y niñas, que no pueden entender el sentido de lo que están haciendo y que participan en este teatrillo colegial como en un juego, son obligados a comparecer en el turbio rol de héroes y mártires, como los santarsicios de nuestra remota infancia. Los infantes movilizados ahora son los flechas y pelayos del nuevo siglo, en una versión bastarda de educación para la ciudadanía, que sus mayores niegan a la generalidad de la sociedad.
Al término del debate de la llamada ley Celaá en el parlamento, los diputados de la derecha, no sé si extrema, moderada o mediopensionista, bramaron contra el resultado aporreando los atriles al grito de libertad, libertad. Los principios que deben regir la educación de un país democrático son universalidad, igualdad y ciencia. La libertad es una derivada de estas premisas. El indicador más certero del déficit democrático de nuestro país es la imposibilidad de un acuerdo alrededor de estos tres principios. Si de algo vale la experiencia de los más viejos del lugar, de cuando la educación no era universal y mucho menos igualitaria y científica, sépase que tampoco era libre. No es fácil encontrar una institución más alejada de la libertad, como no sea una cárcel o un campo de concentración, que un colegio religioso de los de entonces, regido por el adoctrinamiento, la disciplina y la reclusión. Podemos imaginar que las actuales clases altas no defienden ese modelo autoritario y constreñido pero deben saber que sus demandas de presunta libertad tienen la raíz en aquellos recintos de altos muros, filas de alumnos uniformados para ir de acá para allá y doctrina a raudales para suplir la generalizada incompetencia pedagógica de los maestros y maestras venidos del seminario o del claustro conventual.
La ley de educación, por naturaleza, debe mirar al futuro pero entre nosotros no consigue arrancar del barrizal de pasado. El vaivén de las ocho ¡¡ocho!! leyes de educación que ha registrado el periodo democrático no se debe a la demanda de más recursos, más racionalidad en los currículos y más atención a la variedad y a la investigación sino al estatus de los centros concertados de la iglesia y a la enseñanza de la religión. Hay en nuestra derecha una pulsión antigua a la que ahora llaman libertad a la educada manera que se supone a una horda de mandriles que aporrean el mobiliario que tienen a mano.
Tampoco el gobierno de izquierda se ha lucido en el empeño. Un poco más de didáctica hacia los colectivos concernidos y la población en general hubiera permitido apreciar las virtudes de la nueva ley y, en su caso, enmendarla con criterios de racionalidad no solo partidista. Mal futuro le espera a la ley Celaá si lo que se propone es únicamente sustituir a la ley Wert.