Los jueces y fiscales se echan a la calle; ellos también quieren formar parte de la queja universal que identifica a nuestra sociedad. Los únicos que no se quejan son los fascistas porque se proponen acabar con la injusticia a mamporro limpio. A veces, jueces y fascistas coinciden en la misma manifestación; no se reconocen pero unos son el combustible de los otros. Cuando ocupan la acera, jueces y fiscales llevan la toga a la remanguillé, abierta sobre el pecho o colgada del brazo, en plan demócrata campechano, como si el signo de una autoridad del estado fuera un mono de pocero o una bata de médico. Ellos también son currantes, qué caray, y si no, véase al juez Peinado picando piedra y cribando en el cedazo el material de indicios, suposiciones y bulos arrancados a la roca en busca de la pepita de oro. Bien podríamos pedir para este juez y otros tan abnegados como él la reducción de la jornada laboral que postula la comunista doña Díaz.
La huelga de las togas se parece más a una opa que a una huelga. En estas se trata de obtener alguna ventaja parcial y, a la postre, recuperar un cierto reequilibrio en la distribución de las rentas internas de la empresa, pero los arriscados jueces y fiscales buscan absorber a los otros dos poderes del estado, el ejecutivo y el legislativo, como el bebeuveá quiere absorber al sabadell, para hacerse con sus recursos y prerrogativas. También los obispos, otra corporación que ejerce el oficio ataviada de gran ceremonia, quieren abarcar más espacio de mercado y piden elecciones a las que no pueden presentarse pero que esperan que ganen sus benefactores.
Las clases más acomodadas de la sociedad juegan a sentirse atraídas por el abismo, como si quisieran experimentar (gratis, claro) lo que en realidad siente un migrante embarcado en una patera desde la que se asoma al fondo del océano o un albañil que atisba el suelo desde lo alto del andamio y sabe que el salario no le llegará para pagar el alquiler. Y ahí están esos tipos, orondos, bien asegurados, envueltos en ropones, alistados voluntarios en la cruzada contra don Sánchez. Pardiez que será pintoresca la foto de familia de los cazadores cuando hayan conseguido su objetivo y la presa esté inerte a sus pies.
En el evidente caos en el que estamos la actitud de la judicatura es la que otorga los rasgos más delirantes a la situación. El poder que garantiza la estabilidad y el equilibrio del sistema se fractura como un edificio en ruinas y los que deben velar porque permanezca en pie arrojan los cascotes a la calle con gran júbilo mientras la jefa de la corporación pide respeto hacia la labor judicial para que los jueces puedan ejercer sus funciones sin presiones y con serenidad. Veamos. El órgano de gobierno de la judicatura fue objeto de un acto de filibusterismo político, que duró más de cinco años, inducido por la coalición reaccionaria sin que a los magistrados miembros se les borrara la sonrisa de la cara. Y ahora que la legalidad constitucional está restaurada, una partida de jueces hace una cuchufleta a ese órgano de gobierno porque les recuerda la obviedad de que los jueces no son trabajadores por cuenta ajena y por tanto carecen de derecho a la huelga.
Tanto más, podría decirse, aunque eso no lo dice el cegepejota, cuando la huelga se declara contra un proyecto legislativo, aún no debatido ni aprobado, que es competencia de otro poder del estado, precisamente el que emana de la voluntad popular. Nadie diría que el poder judicial carece de influencia en el poder legislativo para hacer oír sus objeciones a una ley que afecta, alegan, a su función constitucional. Pero estamos en otra pantalla, como se dice ahora, de acumulación de fuerzas, que la derecha se ha tomado con la seriedad propia de estos asuntos: ¿cuántos jueces son de los nuestros? Si pueden hacer, que hagan.
Por ahora, miramos al abismo pero no somos conscientes de que el abismo nos devuelve la mirada.