«Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”.

Lo que en don Rajoy era una de sus características charadas, su sucesor al mando don Feijóo lo ha elevado a la categoría de principio constituyente en un acto tan solemne como era posible (que no era mucho), celebrado en el oratorio de San  Felipe Neri en Cádiz donde aún flotan en el aire los aromas de la Constitución de 1812. ¡Viva la Pepa! Y ahí estaba don Feijóo, haciéndose un selfie ante el retablo barroco de la iglesia mientras firmaba su plan de calidad institucional. ¿Quién iba a decirle a un tipo que compartía la crema solar con un narcotraficante que estaría llamado a regenerar las instituciones del país?

La farfolla del acto ha quedado resumida, para la opinión pública, en un solo principio, que los vecinos elijan a su alcalde, es decir, que la alcaldía sea para la lista más votada. A don Rajoy, la ocurrencia le ha parecido cojonuda porque eso era lo que él pregonaba en sus indescifrables trabalenguas, pero es el único de esa parte del mapa que ha manifestado su entusiasmo porque los que están en activo lo han desacreditado de inmediato. Doña Ayuso ha desdeñado la ocurrencia y los voxianos simplemente la han rechazado de plano, no sin buenas razones porque en la práctica significaría conceder alcaldías al pesoe, filoetarras y separatistas allí donde tuvieran mayoría y cuando se persigue todo el poder no se puede andar con concesiones ni a nivel municipal. Quizá no sea casualidad que la iniciativa el alcalde y los vecinos proceda de políticos criados en el microclima gallego, que moldeó don Fraga Iribarne, porque lo que se conseguiría con esta medida es convertir al alcalde en un cacique local y liquidar la democracia en la ciudad o la aldea, los ámbitos primarios de la convivencia civil.

El asunto de el alcalde y los vecinos ha opacado otros contenidos del plan de calidad institucional de don Feijóo. Es un documento de treinta páginas en el que se quiere dar rango programático a los tópicos que ha esgrimido la oposición del pepé frente a  don Sánchez. A pesar de la pompa de la prosa, algunos de estos principios son anecdóticos: echar a don Tezanos del CIS, medir al mililitro la gasolina que gasta el falcon, etcétera. Otras propuestas son de mayor calado y parecen escritas como si el pepé no pensara llegar nunca al gobierno porque, si llegase, es obvio que no las cumpliría: negarse a la negociación con los independentistas catalanes; renunciar a legislar mediante real decreto-ley; crear una oficina de calidad legislativa que vigile al gobierno y al parlamento en la fase de elaboración de las leyes y acompañar los proyectos de ley de informes técnicos, dictámenes del consejo de estado e incluso de una ficha que explicite qué lobby o qué chiringuito ha influido para que esa ley se elabore. En resumen, convertir al alcalde en un cacique por abajo y atar corto a los poderes ejecutivo y legislativo por arriba.

Para esta democracia vigilada, el pepé presta mucha atención y da mucha coba a la judicatura,  que ocupa diez de los veintitrés folios de texto útil del plan. El conjunto de propuestas es un plan alternativo al de que los jueces elijan a los jueces y, a grandes rasgos, las propuestas se dirigen a reforzar las competencias del poder judicial, del tribunal constitucional y de la fiscalía frente a las intervenciones del gobierno, lo que se conoce como independencia judicial que no es sino el reforzamiento de este poder, en el que la derecha tiene gran confianza, frente al legislativo y ejecutivo, que, como se ha visto, pueden ser ocupados por perroflautas. La izquierda haría bien en leer al detalle este documento.