Cuando el vehículo que pilotas hace trompos y volteretas por un error de conducción, resulta imposible pensar en que te has dejado el guiso en el fuego o que no te has cambiado de calzoncillos. Eso es lo que han debido conjeturar los fiscales que investigaban los desmanes financieros del rey emérito para, en pleno borbor de la guerra de Ucrania, anunciar el cese de las investigaciones y el archivo de la causa. En total, la bagatela de diez delitos fiscales, dos cohechos impropios y uno de blanqueo, que quedan impunes.

Las razones argüidas para el archivo son meramente formales, lo que no quiere decir que sean falsas: la inviolabilidad del investigado y la prescripción del delito por el tiempo transcurrido desde que se perpetró. La primera de las razones, la inviolabilidad, atañe al derecho constitucional; la segunda, la prescripción, al derecho procesal. La primera es un privilegio del rey; la segunda, una oportunidad de la que puede beneficiarse cualquier plebeyo avispado.  La justicia trata a don Juan Carlos como a él le gustaría, un rey campechano, celoso del privilegio real y empático con la picaresca del pueblo. Lo que más nos gusta de los reyes es que se parezcan a nosotros y nos hagan pensar que cualquiera hubiera hecho lo mismo en su lugar.

Don Feijóo lo ha expresado así: el rey emérito queda libre de toda sospecha. En efecto, queda libre de sospecha porque ya podemos tener la certeza absoluta de que cometió los delitos por los que ha sido someramente investigado. Lo que el subconsciente del inmediato preboste del pepé, y quizá futuro presidente del gobierno, quiere decir es que el rey ha quedado libre de sanción penal y esta nace siempre de un exceso de suspicacia, que nos lleva a suponer que los que sirven a essspaña en puestos de alta responsabilidad lo hacen para llenarse el bolsillo. ¡Cuántos correligionarios de don Feijóo están en la cárcel por este malentendido!

En el fragor de la batalla de Ucrania, hemos aprendido dos lecciones sobre el funcionamiento del hogar patrio. La primera, que todos somos iguales ante la ley menos uno, y la segunda, que el equilibrio de nuestro sistema democrático y constitucional exige un cierto grado de corrupción para su buen funcionamiento. Una opinión que comparte la misma casa real en el comunicado en el que se reconocía la conducta irregular del emérito y que fue hecho público el mismo día en que el gobierno decretaba el estado de alarma por la pandemia. La monarquía española está aprendiendo a navegar en un mundo globalizado y aprovecha las catástrofes planetarias para confesar por lo bajinis sus miserias. Las mismas corruptelas del emérito tienen una dimensión global con donaciones de jeques árabes, asesoras alemanas, compadres mexicanos, testaferros suizos y paraísos fiscales dios sabe dónde. De hecho, el rey emérito parece el único ciudadano independiente de un país aquejado de innumerables dependencias, que hasta para la contrata de mascarillas profilácticas necesita recurrir a las corruptelas.

La claudicación de la fiscalía ante este expediente era más que previsible y la exoneración del emérito estaba cantada. Nadie podía imaginarse al personaje rindiendo cuentas ante un tribunal y mucho menos ante el parlamento, sede de la soberanía nacional. La cuestión es qué efecto tiene en la moral de la sociedad esta exoneración y si al final tendremos que aceptar que la vergüenza nos sobrevivirá, como sospecha Joseph K., el desdichado protagonista de El proceso de Kafka.