Los taxistas que bloquean las calles de Madrid y Barcelona semejan estatuas antiguas de un templo que está siendo demolido por el fanatismo del nuevo orden. La visión aérea de las filas de taxis detenidos en el paseo de la Castellana tanto puede significar lo que en realidad es como un patio de desguace de vehículos usados. Los sentimientos que despierta la huelga entre los usuarios afectados y la población en general son ambiguos. De una parte, es imposible no simpatizar con la causa de trabajadores que están defendiendo su modo, legal y legítimo, de ganarse la vida. Pero, al mismo tiempo, resulta difícil eludir la impresión de que aquello contra lo que luchan es un artefacto más prometedor de lo que ellos pueden ofrecer en cualquier caso: un sistema de transporte público sobre el papel libérrimo, a tiempo completo, más barato y en el que el cliente está empoderado y no a merced del proveedor. En medio, las autoridades locales y gubernamentales, impotentes para dar una solución conciliadora y satisfactoria para las partes.
Los trabajadores del taxi y los de vtc pertenecen a la misma clase -conductores de vehículos de servicio público- y tienen los mismos intereses y objetivos, pero los primeros ya están en el sistema y los segundos aspiran a estarlo. Lo que les separa es el tipo de empresa en que se encuadra cada sector y esta distinción tiene una base tecnológica y organizativa que significa un objetivo adelanto sobre la situación anterior. El futuro está, pues, con los recién llegados. Para un gobierno de izquierda, como los que están al frente del país y de los municipios afectados por la huelga de taxis es una situación inédita, para la que carecen de herramientas políticas y conceptuales y cualquier decisión que adopten será forzosamente provisional. Horas después de iniciado el conflicto no se ha llegado a un acuerdo. Por primera vez en más de dos siglos, la izquierda no tiene la llave del futuro. La globalización avanza con las alas de la revolución tecnológica. Dos efectos son inmediatamente visibles: la destrucción del antiguo y aún vigente modo de producción y el desguace del estado y de las instituciones que lo constituyen. El primero implica destrucción de empleos, precarización de los servicios y concentración del capital y de la toma de decisiones en pocas manos con autoridad sobre ámbitos más extensos que las tradicionales divisiones administrativas de la ciudad, la comarca o el país. En consecuencia, el segundo efecto es el declive funcional de las instituciones creadas para gobernar estos ámbitos, ya sea por incompetencia legal o por el déficit fiscal provocado por la fuga de impuestos. Los cerebros encargados de iluminar a los gobernantes alcanzan a ofrecer un diagnóstico pero nadie tiene la solución. Esta huelga de taxis se resolverá de momento por la fuerza de los hechos, encarnados en los millones de turistas y veraneantes a los que el corte del servicio ha dejado en la calle con las maletas de camino a su lugar de veraneo. Será una tregua al conflicto, no su final, por ahora incierto.