Hinchar las velas del código penal no traerá la calma a la sociedad y no resolverá los problemas de convivencia del país. Los delitos penales se ciñen al daño físico y/o económico hecho a las personas y se circunstancian en términos de premeditación, alevosía, reiteración, etcétera, que determinan el tamaño de la pena. Envolverlos en palabras rimbombantes como rebelión o terrorismo, delitos de odio, etcétera,  no conduce más que una especie de metástasis retórica en la que cualquier episodio punible puede ser elevado a una categoría inabarcable y, en consecuencia, inclusiva de casi cualquier comportamiento ilícito. ¿Sería lógico atribuir un agravante de odio a los ricos en el auto de acusación de un carterista? La ley debe caracterizarse por su mesura y congruencia con lo que dicta el sentido común. Los términos de terrorismo y rebelión denotan actos gravísimos, y sobre todo excepcionales, y deberían servir para caracterizar delitos muy específicos, distinguibles de otros en los que concurren aspectos parecidos pero que, en lo esencial, no corresponden a esta caracterización. Lo contrario es banalizar el término y los hechos que describe. En último extremo, es abrir el lenguaje de la justicia a la demagogia y a la política.

Estos días se juzgan los llamados sucesos de Alsasua. Ya es bastante grave la agresión de un grupo numeroso de personas a otras cuatro en manifiesta indefensión, dos de las cuales resultaron heridas. Ninguna complacencia con este comportamiento criminal acaecido en un clima de hostilidad contra las víctimas. La aplicación ordinaria del código ya derivaría en penas severas si se probara la culpabilidad de los acusados. Pero la calificación de terrorismo es una desmesura añadida, una suerte de adorno penal que no solo comporta peticiones de cárcel muy superiores a las que los culpables recibirían por actos inenarrablemente más graves sino que despiertan un fantasma ya extinto del que la sociedad en que se produjeron los hechos quiere alejarse, y tiene derecho a ello. Se quiera o no, esta calificación penal es, en este caso, algo más que un tecnicismo jurídico. Una multitudinaria manifestación pidió el otro día justicia para los acusados. Hay dos modos de entender esta petición. La más obvia e interesada es la que formularon los portavoces gubernamentales, según la cual los manifestantes, entre los que estaban las autoridades regionales, se pusieron del lado de los verdugos y contra las víctimas. La otra lectura es la que pide al estado y a su poder judicial, no lenidad frente al delito, sino sentido de la proporción. Si vivimos en paz, si el terrorismo ha desaparecido del paisaje, ¿de qué sirve convocarlo en una sala de juicio?, y sobre todo, ¿a quién sirve?