El ayuntamiento de mi pueblo llevó a cabo hace unas semanas una campaña disuasoria en la que penalizó con multas a peatones sorprendidos en el acto de cruzar la calzada en rojo. Los denunciados pagaron las multas e hicieron los recursos correspondientes, pero a nadie se le preguntó si acataba el código de circulación o el reglamento de viandantes o lo que sea que rija en los pasos de peatones. Jamás me he preguntado, ni me ha preguntado nadie, si acato la constitución. Un tipo al que conozco votó no en el referéndum para la reforma política que puso en marcha el régimen que ahora tenemos y se abstuvo en el referéndum constitucional, lo que nunca ha dificultado su modesta existencia. Se da por supuesto que, una vez aprobada y promulgada, la ley se acata porque no hacerlo es delito. Pregúnteselo a don Aznar, que predicó contra la constitución desde el franquismo sin que esas veleidades le impidieran llegar a presidente del gobierno y de camino postular un régimen federal y ahora, por último, apadrinar al político que mejor encarna la recentralización del estado.
Viene a cuento esta introducción por la extrañeza de produce que el juez pregunte a los dirigentes soberanistas catalanes en prisión preventiva si acatan el artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución para tener derecho a la excarcelación. ¡Cómo no van a acatarlo si están cesados por ese artículo! ¿Va a modificar el sentido de la justicia que digan sí o no? Se niegan a contestar a las preguntas del fiscal pero ¿no hizo lo mismo la hermana del rey en trance parecido? Si lo que se intenta averiguar es si hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, júzguese sobre los datos objetivos de que eso pueda ocurrir y no sobre la palabra de los reos. El comediante Albert Boadella escapó de la justicia militar alegando una enfermedad que no tenía, lo que no impidió que años más tarde gozara del favor institucional y constitucional de doña Aguirre. Lo que tienen en común Boadella y Junqueras et alii es su condición de catalanes, y de comediantes. El prusés independentista medró en una realidad paralela, casi onírica y empeñada en ignorar al estado por la vía de creerse más listo que él, hasta que despertó el tigre y desbarató el tinglado. Pero algún adarme de desconcierto debió quedar en el aparato judicial, que se filtra ahora en los trámites para la excarcelación de los independentistas. Preguntar al reo si acata la ley que le ha conducido al banquillo es preguntar si la acepta y cree en ella, ¿y cuál va a ser la respuesta? Diríase que el procedimiento judicial que se lleva contra los soberanistas encarcelados se desliza hacia un formalismo inquisitorial en el que no se trata tanto de esclarecer y sancionar un delito cuanto de depurar una actitud que haga merecedores a los encausados de un certificado de limpieza de sangre. Constitucionalista, por supuesto.