La pandemia, disparada; el virus, en su apoteosis; los servicios hospitalarios, al borde del colapso; la vacuna, la famosa luz al final del túnel, convertida en una noción errática, insuficiente y, como cualquier bien público, objeto de corrupción. En este paisaje se abre un abismo repetitivo, de tragedia nacional, cualquiera que sea la acepción que se dé al término nación.

Es verdad que resulta difícil sustraerse al impacto hipnótico de la cara de la cemento de doña Cifuentes ante el tribunal pero ella no busca la compasión ni la solidaridad de la audiencia, ni siquiera, probablemente, la comprensión del tribunal y su benevolencia; lo que está haciendo es defender su honor.

Abajo, en la plaza pública, la tele muestra a abuelos y sanitarios, los primeros en la línea de fuego, que ofrecen su brazo a la aguja con una sonrisa, y una suerte de beatitud, sentido de la justicia y reconfortante esperanza se extiende a través de los pliegues de la opinión pública, hasta que irrumpe la noticia de los ediles gorrones y se produce un gran desconcierto.

Ser exiliado en el país donde has nacido y te has criado, donde has hecho tu carrera profesional y has formado una familia, donde hablan tu lengua (y otras) y donde puedes llegar a ser presidente de su gobierno es un sentimiento sutilísimo que no está al alcance de cualquiera y que cuando se formula políticamente adquiere tintes narcisistas que excluyen al interlocutor, aunque sea un obsequioso podemita.

El escenario es el siguiente: en lo alto de la colina, un presidente elegido en las urnas y blindado por una guardia pretoriana que recela del país y, en el interminable valle que se extiende a sus pies, una multitud anónima cuyos canales de comunicación y socialización están en manos de un puñadito de pijos multimillonarios al frente de las compañías que manejan a su antojo y conveniencia la válvula de expansión y contracción de la opinión pública.