Es una experiencia frecuente: una pesadilla te acosa hasta arrancarte del sueño, abres los ojos y no puedes reconstruir el relato que te angustiaba un segundo antes; queda, acaso, alguna imagen incongruente que se apresura a desaparecer de la conciencia. Freud aconsejaba que se tuviera a mano, sobre la mesilla de noche, papel y lápiz para apuntar de inmediato el relato del sueño, aún vivo en la memoria. Pero Freud era un profesional del recuerdo, y creía en su reparación mediante la terapia del reconocimiento. La clase política española que pilotó la Transición se comportó, a contrario, como una activa profesional de la negación y del olvido. El historiador Fernando Mikelarena recoge en su imprescindible libro sobre la guerra civil en mi pueblo (Sin piedad, Editorial Pamiela 2015) un agrio debate parlamentario acaecido en los años ochenta en la que los dos partidos mayoritarios (el que recogía a los herederos de los vencedores y el que representaba a los herederos de los vencidos) se oponían al unísono a la propuesta de un tercero para reparar la memoria de los asesinados y enterrados en las cunetas en el terrible periodo del verano-otoño de 1936, que en mi provincia no fueron pocos: casi el uno por ciento de la población. Así que podemos decir que los neodemócratas hicimos lo contrario de lo que recomienda Freud, en la confianza homeopática de que la democracia nos curaría de la neurosis que arrastrábamos, y que, como es sabido, se origina por la represión de un recuerdo indeseable pero fundamental en nuestra biografía para entendernos a nosotros mismos. Todo lo que rodea a la llamada memoria histórica es la evidencia de que esta aspiración al olvido ha sido infructuosa además de injusta. Pero la terapia no es fácil porque el reconocimiento del pasado implica la melancolía por lo que pudo ser y no fue. De alguna manera, la reparación de la injusticia histórica es un ejercicio de historia contrafáctica. Lo estamos viendo estos días en las polémicas municipales a propósito de la nomenclatura franquista de algunas calles de nuestro callejero. Hay acuerdo (a regañadientes) en que resulta indecente que calles de nuestras ciudades lleven nombres de generalotes a los que cualquier tribunal condenaría por crímenes de guerra y contra la humanidad, según la jurisprudencia establecida en Núremberg en la que se basa el actual derecho internacional. Pero, ¿qué nombres deben sustituir en las placas callejeras a los de estos?, es decir, ¿cómo reescribimos la pesadilla de la que hemos despertado? En mi ciudad la polémica se ha centrado en una plaza que lleva el nombre de un terrateniente golpista que fue ministro ¡de justicia! en el primer gobierno de Franco, un tal Conde de Rodezno. La plaza fue construida como un espacio urbano de homenaje a la sangrienta victoria sobre la República constitucional y alberga el consabido Monumento a los Muertos de la Cruzada donde están enterrados dos dirigentes golpistas de campanillas: los generales Mola y Sanjurjo. Por ende, la plaza fue diseñada por el que acaso sea el arquitecto más relevante que ha tenido la ciudad en el siglo pasado, Víctor Eúsa, que, pistolón al cinto, fue también miembro de la tenebrosa Junta Carlista de Guerra. En resumen, hablamos del castillo del conde Drácula. Pues bien, después del correspondiente rifirrafe consistorial, la plaza de marras se llamará de la Libertad, lo cual no se sabe si es una ironía, una revancha histórica o meramente un gesto, otro más, de impotencia. Pero sonría, hombre. Si el conde Drácula es un héroe para los rumanos, ¿por qué Emilio Mola no habría de serlo para los demócratas de mi pueblo?