En una tertulia de jubilados, uno celebraba ayer la moderación del presidente del gobierno ante la puja independentista en Cataluña porque “al menos, no ha mandado los tanques”, como, a juicio de este opinante, habría hecho sin duda su mentor político, Aznar el iracundo. Está por ver que Aznar hubiera adoptado alguna medida de fuerza en este caso porque, como González el carismático, su predecesor en el cargo, tuvo en Pujol -a la sazón padre de la patria catalana y no el mero corrupto que es hoy- un aliado estratégico, al menos mientras lo necesitó. Pero, para desbaratar la teoría de la moderación, Rajoy el cauto ha adoptado una medida de fuerza, aunque, fiel a su estilo, sea una fuerza de papel, diseñada por su guardia pretoriana de abogados del Estado, que dirige Soraya la talentosa y a la que Enric Juliana ha llamado la Brigada Aranzadi. La iniciativa lanzada por el gobierno y su partido propone que sea el tribunal constitucional el encargado de ponerle los grilletes a Mas el enredador, por incumplimiento de sus sentencias. Habida cuenta la celeridad con que el tribunal constitucional evacua sus dictámenes, podemos imaginar el tiempo que le llevaría comprobar que no han sido acatados, procesar al presunto culpable y sancionarle en consecuencia. Mas o cualquier otro imputado puede estar tranquilo y con esta perspectiva es incluso probable que la delincuencia común se acoja en amparo al alto tribunal para llevar una vida más sosegada. Dejemos de lado lo que la iniciativa gubernamental tiene de electoralista y vamos a la miga. El tribunal constitucional no es propiamente un órgano jurisdiccional y su misión no es juzgar hechos sino fijar los términos en que las normas emanadas de los poderes del Estado se ajustan o no a la Constitución. Es, en último extremo, un órgano político y así lo entienden los partidos que participan en su composición. El enjuiciamiento de los hechos corresponde a los tribunales ordinarios. De repente, ayer se levantó un coro de voces afectas al gobierno que aseguran que en Cataluña no se cumple la Constitución, así, en general y en abstracto, lo que quiere decir que esa comunidad está fuera de la ley española y, si es así, la independencia es la consecuencia más lógica. Las otras opciones, como se ve, serían los tanques o mandar una brigadilla de parsimoniosos juristas togados a ver qué se puede hacer. Aún habría una tercera opción pero implica que Rajoy el impasible se lo curre un poquito y hasta aquí hemos llegado.