El obispo de Córdoba ha debido encontrar un auténtico placer desafiando a la opinión pública con el traslado de un cura acusado por abusos a una menor a una parroquia cercana a la que el cura tenía prohibido el acceso por una orden de alejamiento del juez. Los poderosos no son sensibles al escándalo de sus delitos. La razón es que a menudo ni siquiera comprenden que su acción sea un delito. Es lo que distingue la crianza bajo el peso de la ley o por encima de ella. La plebe vive para cumplir la ley; los poderosos, para dictarla. Un ratero escapa corriendo tras dar un tirón a una cartera con cincuenta euros; el banquero acusado de lavado de dinero y fraude fiscal por millones de euros va a encontrarse con el ministro de la policía para negociar el trato que espera recibir de la justicia. Los portavoces del partido del gobierno, enfangados en estos tiempos en la tarea de lidiar con los delitos de sus capitostes, se desgañitan pregonando en cada ocasión que la justicia es igual para todos, conscientes de la extrañeza que este tópico provoca, también en ellos. No lo repetirían tanto si lo creyeran. Los obispos, desde luego, ni lo creen ni lo pregonan. Dos mil años disfrutando de un fuero privativo les da una perspectiva propia sobre qué cosa sea la justicia. Los delitos no son los que fija el código penal sino los pecados que ellos dictaminan como tales, y los pecados, por definición, los cometen los otros. La grey, no los pastores. Esta arrogancia moral -que tan bien hemos conocido los educandos en la religión católica-, históricamente apoyada por el guardia de la porra del poder civil, explica el comportamiento de los obispos ante los proliferantes casos de pederastia en sus filas. Un capo mafioso defiende a los suyos porque todos están fuera de la ley; un obispo defiende a sus curas porque ellos hacen la ley. A aquel papa polaco, santo súbito, gritaban sus fanáticos, no le pareció inoportuno tener como confesor a un pederasta manifiesto. Tampoco fue obstáculo para que su sucesor lo elevara a los altares (al papa, no al pederasta). Lo que ha cambiado es que la justicia civil ya no está incondicionalmente del lado de los obispos y sus curas. Puede considerarse un avance democrático, lo que provoca en los obispos un inevitable rictus. Y, en los más belicosos, el deseo de desafiarlo.