Los titubeos y escapadas por la tangente de directivos del partido del gobierno, incluido su presidente, cuando los periodistas inquieren por la corrupción que asuela sus filas se han convertido en un clásico de las ruedas de prensa, que al menos ahora se celebran sin el muro medianero de la pantalla de plasma. Los periodistas pueden esperar tranquilos porque no obtendrán ni una brizna de satisfacción a sus demandas. La razón es simple: la corrupción no es más que la expresión última y desmadrada del engrudo de intereses que cohesiona a los partidos así llamados constitucionalistas. La Constitución como predio y medio de vida. Para los miembros del partido, cualquiera que sea su rango, cuestionar la corrupción interna significa cuestionar al propio partido. La pequeña provincia desde la que escribo tiene el raro honor de ser el primer territorio constitucional que registró un episodio masivo de corrupción. Fue hace treinta años y en aquella ocasión lo protagonizaron los socialistas; su jefe de filas que también lo era del gobierno regional terminó en la cárcel. Para mí, aquel episodio significó la pérdida de la inocencia, como periodista y como ciudadano. El patrón del delito era análogo al que ahora conoce hasta el más desinformado: comisiones y sobornos a cambio de contratas de obras y servicios públicos para financiar al partido y de cuyo circulante extrae para sí un pellizco el gestor de la operación con el consiguiente blanqueo de capitales y fraude fiscal. Cuando las indagaciones del caso estaban muy avanzadas y las conclusiones eran obvias y públicas, entrevisté a un concejal de su partido, un personaje cultivado, amable, de marbete progresista y por lo general verboso del que no conseguí ni un monosílabo de reconocimiento de lo que ya era evidente para toda la sociedad. Cualquiera podría pensar que aceptar la realidad del delito de su jefe hubiera significado un alivio personal, pues a nadie ha de gustarle servir a un delincuente, además de una liberación moral para su partido. Pero la lógica partidaria no funciona así, ¿quién sabe si una simple concesión a la decencia arrastra al partido entero? El concejal debió evaluar mentalmente, mientras yo le entrevistaba, las consecuencias que para su propia carrera política podía tener cualquier indiscreción de su parte. El obstinado ocultamiento de aquel concejal es análogo al escandaloso mensaje del presidente popular a su tesorero en la cárcel: “sé fuerte, Luis”. No otro es el consejo que reciben de los suyos los delincuentes detenidos por pertenencia a grupo mafioso o a banda armada. El partido socialista de mi provincia ha pasado de ser la minoría mayoritaria en la época en que se produjo el episodio de corrupción a un irrelevante quinto puesto en la actualidad, no sin antes haber atravesado otra recidiva del mismo episodio años después. Pues bien, a día de hoy, ni un solo dirigente del partido, y se han sucedido varias decenas, ha hecho una sola reflexión pública sobre aquellos sucesos y sus consecuencias. El dinero es un bien escaso que a la mayoría de la población le cuesta mucho ganar, si es que llega a poder hacerlo alguna vez a lo largo de su existencia, y el enriquecimiento de unos pocos intermediarios electos que parecen operar en una especie de mercado negro no solo es un delito muy visible sino que resulta fácil de castigar en la urnas. Los partidos están atenazados por este dilema. El reconocimiento del mal puede significar su desplome súbito porque la corrupción nace de la retribución sin control a sus miembros y de las oportunidades de negocio que ofrece la gestión de lo público, es decir, de la proximidad al botín. Así que prefieren dejarse asar a fuego lento ante la opinión pública mientras desfilan sus correligionarios hacia los juzgados en la esperanza de que en algún momento acabe el tormento y se salve lo que se pueda.