¿No hay ningún corrupto español que tenga diez mil euros en el bolsillo (ya no digamos en Suiza o Andorra) para comprar el aeropuerto de Ciudad Real? Todo indica que no, y ha tenido que ser un grupo empresarial chino del que no se sabe nada el que se ha hecho con el equipamiento, como se llamaba a estos tinglados en la neolengua de cuando éramos ricos. Quizás los compradores no sean ni chinos, ni empresarios. Quizás sea una banda de narcotraficantes que necesitan un sitio tranquilo donde situar la logística de su negocio o unos chatarreros que esperan recuperar la inversión con el desguace de las instalaciones, o un grupo de inversores a largo que esperan la vuelta de la burbuja inmobiliaria para dar un pelotazo con el terreno. El aeropuerto ha estado en almoneda desde su inauguración en 2008 y es un caso no infrecuente de envejecimiento precoz en el que, como en un cuento de terror gótico, los muros y tejados se han convertido en ruinas de una arqueología fantástica antes de haber alojado a ningún ser vivo ni servido para ninguna función útil. Hace un año, los gestores de la quiebra del aeropuerto intentaban rescatar 100 de los 450 millones que costó el invento; el mes pasado el precio era de 80 y por fin ha salido a subasta por 40 millones. Los adquirentes han argumentado la insignificancia de su puja, casi un chiste, porque el aeropuerto tiene “una zona adyacente inmobiliaria desmembrada, está gravado con una carga real, con sus licencias suspendidas, sin ingresos y con una significativa cantidad de gastos recurrentes inevitables”. O sea, que es algo más parecido a un vertedero ilegal que a un aeropuerto. La noticia, como tantas otras con las que nos desayunamos cada mañana, parece envuelta en una atmósfera de pesadilla en la que flotan como pecios de un naufragio, cajas de ahorro quebradas, centenares de trabajadores despedidos, aumentos exponenciales de la deuda pública y un puñado de sinvergüenzas impunes, y, cuando abres los ojos, aparece el desierto. Entre las condiciones impuestas a Grecia en el último y agónico rescate está la obligación de constituir un fondo de 50.000 millones de euros en activos públicos que tutelarán los acreedores como garantía de sus préstamos. En ocasión semejante y al precio de mercado del aeropuerto de Ciudad Real no habría en toda España bienes públicos para constituir un fondo de esa cuantía, incluidos la catedral de Burgos, el Museo del Prado y la Alhambra de Granada.