La misión de los altos tribunales no es impartir justicia sino definir cómo debemos entender el mundo y básicamente esta visión es conservadora porque, en caso contrario, se llevaría por delante al tribunal mismo. Curiosamente, esta fórmula de unanimidad de intereses entre los tres poderes del estado, y quienes ostentan su representación, es un factor de estabilidad. Al coste de hacer cómplice al poder judicial del descrédito del sistema.

La energía eléctrica y la justicia son independientes, vale decir, operan autónomamente en campos y con reglas propias. Para la primera, el marco de su independencia es ese tinglado de intereses que llamamos mercado, y para la segunda, la barahúnda de códigos, jurisprudencias, arbitrios y resoluciones  en la que ningún lego puede internarse sin riesgo a salir trasquilado.

El poder judicial llega hasta la microbiología. Esta mañana, un tribunal regional ha anulado la norma de cierre de la hostelería porque, a su entender, no está suficientemente probado que la frecuentación de los bares esté relacionada con los repuntes de la pandemia. ¿Cómo podría probarse tal cosa suficientemente?, ¿acaso no es obvio?

El rey es el tótem de la nación, vale, pero no un bulto de piedra o de madera plantado en mitad de la plaza mayor en el que los creativos de la tribu tallan máscaras benefactoras sino un individuo de carne y hueso, con sus certidumbres y apetitos, ¿y qué hará si le impiden el recreo de presidir esto o aquello? El ocio es muy mal consejero, y encerrado en el despacho, donde no tiene mucho curro, peor, como se ha visto, y no es necesario señalar con el dedo.

Siete consejeros han firmado un voto particular en el que, sin base objetiva alguna, se infiere que la nueva fiscal no será independiente respecto al poder ejecutivo que le ha nombrado, como si los mismos honorables jueces firmantes del voto particular estuvieran en ese sitial por designación divina o porque les ha tocado en la lotería y no porque han sido agraciados por una designación política.