A la espera del premio en la lotería de navidad se ha sumado este año la espera de la sentencia del tribunal supremo en el caso del fiscal general del estado acusado de revelación de secretos. No son expectativas excluyentes. El premio de la lotería aliviará al beneficiario de algunas penurias dinerarias y la sentencia del supremo nos recordará en qué país vivimos, y en ninguno de los dos casos la vida del común variará lo más mínimo.
En este estado de expectación menudean las cábalas, tanto sobre la deriva del bombo como de los jueces. El amigo Casandro, que frecuenta este rincón de ocurrencias, sostiene que el fiscal será condenado, y lo afirma con un trémolo trágico de quien anuncia un desastre irreversible y, como le ocurriera a su tatarabuela troyana, no todos creemos que vaya a ser así.
En el proceso no solo no se ha probado que el acusado hubiera cometido el delito que se le imputa, tampoco se ha demostrado que hubiera delito. ¿Había alguna exigencia de sigilo cuando era público que a) el novio de doña Ayuso estaba acusado de fraude fiscal y b) su abogado había trasladado al fiscal del caso una propuesta de acuerdo para evitar la cárcel a su cliente? Así que los jueces tienen materia para las disquisiciones. Una hipótesis es que la parte declarativa de la sentencia contenga argumentos para salvar la cara de los acusadores y alimentar la tabarra de don Tellado y compañía, y el veredicto final sea de inocencia, o más probablemente aún, de sobreseimiento de la causa. Claro que en una lapidación siempre hay a mano alguna otra piedra disponible cuando el reo aún levanta cabeza y los más aguerridos apuntan animosamente a que, salvado de la revelación de secretos, los jueces podrían acusar al fiscal general de infidelidad en la custodia de documentos públicos. O de la muerte de Manolete.
La cuestión es si a los jueces les queda temple para llevar hasta el final el linchamiento del fiscal general. Este juicio cierra un ciclo de protagonismo político de la judicatura que se inició con el proceso al prusés y desde entonces todo han sido reveses para los jueces en su propio terreno: el último, el dictamen del abogado general de la unioneuropea sobre la amnistía a los indepes catalanes. Vale que la mayoría de los jueces y fiscales sean conservadores –hay razones evidentes para que sea así- pero eso no justifica que una parte de la alta magistratura haya asumido sin matices la estrategia de la derecha política. En el proceso contra el fiscal general, los lazos que algunos miembros del tribunal, incluido el instructor, mantienen con el pepé son casi orgánicos, lo que intuitivamente les sitúa a favor de parte. Esta especie de plasticidad del aparato judicial a los manoseos de la política desacredita a la justicia y a la política.
El chiste está en que la sentencia, como el sorteo de la lotería, satisfará a unos pocos, dejará mohínos a otros tantos e indiferentes a todos los demás. Los efectos políticos están amortizados. Ni dará lugar a más discursos de los que ya se han pronunciado ni cambiará el sentido de ningún voto en las urnas. Este ha sido un juicio político del que la plebe ignara sacará la conclusión de que la justicia defiende a un (presunto) delincuente confeso y condena (¿?) al guardián de la legalidad a partir de un bulo manifiesto. Y los jueces no podrán contrarrestar este relato; esa es su condena.