El fuego tiene una función purificadora en las mitologías. De las cenizas emerge renacida la esencia de las cosas, limpia e inocente como era antes de que la cultura de los hombres la manipulara y corrompiera. Para los supervivientes, es el momento del propósito de la enmienda. En esta circunstancia, este propósito tiene nombre: gran pacto de estado contra el fuego, que ha improvisado don Sánchez. Por supuesto, incluso a las puertas del juicio final hay contumaces que se resisten al arrepentimiento y de inmediato se han oído voces en contra de la llamada del ángel. Unos y otros pugnan por su supervivencia política; arden los bosques, las casas, el ganado, algún vecino o bombero con mala suerte, pero las poltronas son incombustibles.
Lo que en esta ocasión ha dejado al desnudo el fuego es la estructura misma del estado de las autonomías o estado compuesto, como se dice. Bajo las cenizas yacen cantidades masivas de incompetencia técnica e irresponsabilidad política. Este mosaico de taifas arde con el mero estímulo de una colilla mal apagada. Los jefes de las comunidades autónomas, representantes territoriales del estado, se quejan de la ausencia del estado, como si ellos mismos fueran entelequias. El fuego ha devuelto al país a la casilla de salida.
España tiene un problema territorial mal definido y peor resuelto desde el fracaso del estado liberal del siglo XIX. Poco a poco, conflicto tras conflicto, el problema y la solución fueron decantándose hacia la singularización de dos territorios, Euskadi y Cataluña, que tenían dos rasgos distintivos -una lengua propia y un alto nivel de industrialización-, a los que se otorgó sendos estatutos de autonomía durante la Segunda República, el último periodo democrático que vivió el país. Esta fue la base de la que partió la democracia restaurada del 78, pero, ay, algo había cambiado en la opinión pública postfranquista. En ese momento todos éramos iguales porque así nos moldeó Franco y, salvados los llamados derechos históricos en los casos correspondientes (léase excepcionalidad fiscal, otro fracaso del estado liberal), el derecho a un estatuto de autonomía se universalizó con el castizo lema de café para todos.
El café para todos tenía dos ventajas y un inconveniente. Las ventajas eran, a) que permitía un marcaje más ceñido a las aspiraciones de Cataluña (los vascos y navarros están en otra onda) porque todo lo que reclama para sí lo reclaman las demás comunidades por aquello de la igualdad y b) que daba empleo a una nueva clase política subalterna, aunque profesional, que servía de base de poder a los dos grandes partidos, extendiendo su capilaridad por el territorio y satisfaciendo así al unísono intereses clientelares de las regiones e intereses políticos de las cúpulas del estado. El inconveniente de la fórmula está en que los nuevos territorios administrativos carecen de recursos propios y dependen en consecuencia de las arcas de la hacienda central: gestionan y prestan servicios, que por lo demás son universales, si llegan las transferencias de Madrid. Esta dependencia financiera, que también comparte Cataluña, produce curiosamente un agravamiento del problema territorial: irrita y crea desafección en los catalanes a la vez que fomenta la mentalidad centralista en castellanos, leoneses, extremeños y asturianos. Los primeros quieren separarse del estado; los otros se sienten abandonados por el estado.
El fuego ha arrasado una convención básica del estado de las autonomías al borrar las fronteras que distinguen a estos entes administrativos, creados en su momento arbitrariamente para satisfacer el café para todos sin alterar la estructura centralista tradicional del país desde Isabel y Fernando; estructura de la que por cierto se beneficia copiosamente la capital, Madrid, como saben doña Ayuso y los suyos y deberían saber don Page y los suyos.
En esta abrasiva circunstancia no ha tardado en oírse el grito de socorro más socorrido entre los celtíberos en apuros, cualquiera que sea la causa del desasosiego: ¡que venga el ejército! En realidad, el ejército ha estado a pie de obra desde el primer momento con su unidad especializada de emergencias y no se sabe qué servicios podían prestar el resto de las unidades desprovistas de material, entrenamiento necesario y, por lo que se ha sabido, desorganización de los demandantes de auxilio. Don Feijóo, autor de la proclama, añadió que el ejército debía ponerse a las órdenes de los presidentes autonómicos, lo que, además de inconstitucional, hubiera sido una temeridad, vista la capacidad de estas administraciones liliputienses al mando de incompetentes irredentos. Este hombre no para de decir tonterías hasta el punto de que forman un envoltorio que nos oculta lo malintencionado y resentido que es.
Don Feijóo ha debido sentir que las llamas le están abrasando los bajos de su tinglado, y no solo por la impotencia de los gobiernos regionales de su partido sino porque el fuego ha puesto en evidencia la escasa funcionalidad y eficacia del federalismo de mentirijillas que es el estado de las autonomías, en el que él mismo ha hecho carrera política y desde el que aspira, inútilmente, a gobernar el estado.