Nadie hay más estúpido que un ser humano que sobrevive a una catástrofe. Dos ideas le vienen a mientes de inmediato: nunca más y saldremos mejores de esta. La primera expresa la voluntad de que la catástrofe no vuelva a repetirse pero eso, ya sea una catástrofe natural o provocada por mutaciones sociales, no está en manos de nadie y menos que nadie en los supervivientes del episodio pasado. La segunda ocurrencia se ve negada porque, al contrario de lo que predica la doctrina imperante, las catástrofes no cambian la condición humana y mucho menos la hacen mejor. El sacrificio no redime ni otorga la gracia, simplemente jode a quien lo padece.
Tenemos a mano como ejemplo la gran catástrofe de este siglo, que bien podría equipararse al diluvio universal bíblico: la pandemia de la covid-19. Pues bien, no solo puede volver a ocurrir, según pronostican investigadores de este asunto, sino que a partir de ella ha aumentado y se ha consolidado el rechazo a las medidas de salud pública y se ha formado una extraña y exitosa colusión de intereses entre la empresas privadas dedicadas a la sanidad y la proliferación de negacionistas de las vacunas y otras medidas de profilaxis. Este contubernio ya ha llegado al gobierno del imperio y de manera más trabajosa y menos obvia pero igual de firme se abre paso en la capital de esta provincia ibérica, por mencionar dos casos de actualidad.
Al contrario de lo que dicta la creencia oficial, las catástrofes tienen una componente exultante, que deslumbra e incita a provocarlas, desde el pirómano que crea un incendio forestal hasta el tiktoker que emite mensajes sobre inmigrantes magrebíes que violan a nuestras hermanas y novias. Podrá argüirse que son ejemplos minoritarios y reprobables, que la ley persigue y condena, pero lo intrigante es la fácil expansión de sus efectos. Las catástrofes se extienden vorazmente sobre un terreno seco, ya sea naturalmente seco como la vegetación del bosque en verano o culturalmente yermo como el discurso dominante en una sociedad democrática perpleja e inquieta por los cambios –tecnológicos, económicos- demográficos, etcétera- que la atraviesan.
Días atrás, la corporación gobernante en la localidad de Jumilla (Murcia) decidió jugar con fuego y sumarse al peligroso deporte que los neofascistas de vox han extendido por el levante agrícola –la parte del país que más se parece al deep South estadounidense, con grandes plantaciones atendidas por mano de obra subalterna y semiesclava- a fin de provocar un incendio social. En este segmento de la realidad, la materia seca que favorece la extensión de las llamas es la inercia que la derecha mayoritaria exhibe ante las iniciativas de su inmediata competidora. En Jumilla, el pepé tiene una razonable mayoría que, en cualquier caso, podría reforzarse con los ediles del pesoe en cuestiones de interés general, pero ha preferido atender la demanda del único concejal de vox para que se impida el culto religioso a la población musulmana de la localidad, (cinco por ciento de la población).
Dejando de lado que es un ataque a los derechos constitucionales, lo que resulta asombroso es la facilidad como un tronado puede imponer su visión del mundo a una colectividad humana que, por lo demás, necesita de esa minoría injuriada para garantizar su bienestar y progreso económico. La salvajada administrativa perpetrada en Jumilla, que preludia el itinerario procesal de las leyes raciales de Núremberg (1935), da aviso de la catástrofe que se avecina y sobre todo de la incuria de la derecha para advertir las señales de riesgo. Es imposible no relacionar esta inopia con la proliferación de falsos títulos académicos detectados en los currículos de la clase política y singularmente en la derecha. Estar gobernados por idiotas a la espera de que aparezca en el escenario un criminal (presunto, of course) con un encendedor no tranquiliza. No, no saldremos mejores de esta.