Una historia bélica, no sé si legendaria, cuenta que un médico cirujano del ejército estadounidense destinado a un hospital de sangre en Vietnam practicaba el triaje de los heridos provisto de un cuchillo de caza y cuando el herido era un guerrillero del vietcong o un soldado nordvienamita les cortaba el cuello con un tajo certero. Y la misma destreza profesional le servía luego para salvar vidas de los soldados de su bando armado con un bisturí y otros utillajes de cirugía fina.
Estas cualidades de resolución guerrera y destreza profesional podrían ser atribuibles al juez instructor del caso del fiscal general, el magistrado don Ángel Hurtado, cuyo probado prestigio de jurista no empece para que sea también un conspicuo cruzado de la causa contra el vietcong que ha ocupado el palacio de La Moncloa y otras posiciones aledañas, no menos estratégicas, como la fiscalía general del estado. Claro que estamos en un estadodederecho y se espera que el enemigo salga muerto del quirófano y no antes de entrar en él, como ocurría en aquella lejana guerra de extremo oriente. A tal fin el juez Hurtado ha practicado un esforzado triaje que ha dejado reducido el (deliberadamente) embrollado caso de los emails y las filstraciones a un solo acusado, el más importante por lo demás, y el único que interesa en esta guerra insomne de la coalición reaccionaria contra don Sánchez.
El relato pormenorizado del caso y de su instrucción judicial, inalcanzable para legos en derecho y para meros curiosos que no dispongan de un tiempo interminable para familiarizarse con los detalles, ha reforzado la división en la opinión del país entre partidarios y adversarios del acusado o del juez. No es un fenómeno nuevo en la historia porque tiene precedentes muy sonados –el caso Dreyfuss, por ejemplo- y en todas las circunstancias es signo de una fractura profunda en la sociedad. En este marco cognitivo, el viejo desocupado ha destilado las siguientes ocurrencias:
Origen. Las tribulaciones del fiscal general don Álvaro García Ortiz nacieron del laboratorio de ideas de la presidencia de la comunidad de Madrid, cuyo brujo mayor ya vaticinó meses atrás que la suerte judicial del fiscal general iba p’alante. Ahora se trata de saber si la sentencia de los jueces del supremo estará o no en sintonía con las predicciones de este fabricante de gas venenoso. Si así fuera, la patrona de Madrid y de la coalición reaccionaria, habría conseguido abatir dos piezas mayores de las instituciones democráticas para salvar a sendos allegados más o menos inmersos en operaciones de dinero fácil, para decirlo suavemente. Fue necesario el asesinato político del jefe de su partido, don Casado, para que la presidenta doña Ayuso salvara a su hermano y sus negocios de mascarillas y sería necesario eliminar al fiscal general para acallar el eco de los (presuntos) fraudes fiscales de su pareja. Y todo lo ha conseguido en el marco del estadodederecho. No te digo lo que hará cuando llegue a la presidencia del gobierno al frente de la coalición reaccionaria y su melena retrechera se convierta en una cresta de color naranja.
Instrucción. El juez instructor es dios omnipotente en el desempeño de sus funciones pues no solo debe fundamentar con pruebas los indicios de una acusación sino que en ocasiones debe crearla de la nada. En estas ocasiones, las fichas del puzle no siguen las líneas del dibujo básico, sino que crean el dibujo a medida que el operador las junta sobre el tablero de la instrucción. Una acusación endeble y carente de pruebas puede alimentar una instrucción del tamaño de un rascacielos. A veces sobran fichas, como le ocurre al juez don Peinado en su afán de empapelar a doña Begoña Gómez, y otras veces, el juez desestima las disponibles si no cuadran a su visión del caso, como ha hecho don Hurtado con los testimonios de los periodistas de diversos medios que han asegurado estar en posesión de la filtración, el arma del crimen, antes de que esta llegara a manos del acusado. Los periodistas no pueden sustentar sus testimonios, por más que sean unánimes y creíbles, porque se deben al secreto de la fuente y al obviar su testimonio, el juez lanza un mensaje político muy potente: el periodismo sirve como entretenimiento o como arma de alineamiento y alienación del público, y tanto da que lo que cuenta sea verdad o no. Hay muchas maneras de rasgar el tejido de la sociedad democrática y el desprecio hacia el testimonio de los periodistas es una de ellas.
Acusaciones. La acusación particular en el proceso penal es una institución destinada a abrir la justicia a intereses públicos que tal vez no se tengan en cuenta en la mera mecánica de la instrucción y en ese sentido amplían el foco sobre el alcance del delito. Los acusadores deberían garantizar que representan a intereses reales de la sociedad afectados por el acto que se juzga, pero en la práctica se ha convertido en un coladero de organizaciones especializadas en este campo de la lucha política que son los tribunales. En este caso ejerce este oficio una asociación minoritaria de fiscales que se la tiene jurada al fiscal general e intentaron mediante recurso impedir su nombramiento, y donde falló el juez de lo contencioso deberá acertar el juez de lo penal, dijo en su día el portavoz de la benemérita asociación. ¿Qué pleito que no sea corporativo o político puede tener un grupo de fiscales con su jefe? ¿Qué valores e intereses se defienden en este juicio?
Acusado. La acusación contra el fiscal general ha traído aparejada la cuestión de si debía o no haber dimitido del cargo antes de ponerse en manos del juez. Pero el acusado ha decidido llevar la toga hasta el final. No es difícil imaginar por qué. Ha debido entender que, si estamos en guerra, despojarse del uniforme era una rendición indecorosa. Si han de llevarle al paredón, que sea con los atavíos, emblemas y medallas del cargo por el que en realidad le han acusado y no como simple paisano embutido en un traje a rayas de presidiario.
Epílogo. El maleado poder judicial y la justicia que encarna no van a ganar credibilidad de esta escaramuza procesal, sea cual sea el resultado final. Una parte de la judicatura no oculta la animadversión por el gobierno de coalición, en parte por razones ideológicas pero también corporativas. La pereza política del último gobierno de pepé dejó a cargo de los jueces la resolución del prusés y lo hicieron con gran pompa y autosatisfacción. El gobierno de don Sánchez, en nombre de la gobernabilidad y con la autoridad que le dieron los votos, anuló las sentencias, otorgó amnistías, derogó delitos del código penal y se propone introducir importantes modificaciones en el acceso a la judicatura y en la formación de los juzgadores. Demasiado para el estamento togado, que se ha entregado a acciones de protesta insólitas y extravagantes, desde negarse a cumplir el mandato constitucional de renovación del gobierno de los jueces durante más de cinco años hasta manifestarse ataviados con las togas (la misma de la que quieren despojar al fiscal general) contra proyectos de ley antes de que los votara el parlamento.
Y, por último, lo más importante: don Sánchez no dimitirá, sea cual sea el tenor de la sentencia.