El juez al cargo del aparatoso caso de la rebelión catalana ha tomado un par de decisiones que parecen albergar un único objetivo, que no vuelva a reproducirse el escenario del crimen. Luego ya se verá si los delitos imputados son tales y si los acusados son culpables pero, de momento, el propósito es que no se repita el guirigay independentista y a tal fin deja fuera de juego a sus principales promotores. La primera decisión judicial, dejar en la cárcel a don Junqueras y compañía, viene argumentada en el auto porque el juez no se fía de que los reos no vuelvan a las andadas, tanto más si encabezan las candidaturas independentistas y tienen alguna posibilidad de retomar la vara de mando. La segunda decisión ha consistido en revocar la requisitota para que la justicia belga envíe a don Puigdemont y compañía para ser juzgados aquí. Defensores y partidarios de los fugados en Bruselas han celebrado la decisión como una prueba de la inconsistencia de las acusaciones contra sus líderes, y puede que algo haya de eso, pero en la práctica la suspensión de la euroorden significa que los concernidos habrán de quedarse en su dorado exilio si no quieren terminar en las ásperas cárceles del reino, hasta que el juez español ponga orden en sus papeles, lo que sin duda será mucho después de las elecciones del próximo día veintiuno. El juez ha acotado el terreno de juego y los independentistas están empujados a hacer campaña electoral con sus líderes in abstentia, lo que significa que, antes que un proyecto de futuro, tendrán que defender una épica del pasado. Las elecciones han adquirido un aire legendario y no parece que se juegue nada referido al bienestar de los ciudadanos sino que son una representación folclórica de la enésima batalla entre carlistas e isabelinos. La mazmorra para los caudillos carlistas añade color a la pugna pero no eficacia al voto.
Los autos del juez metido por mor de las circunstancias en la batalla política pueden interpretarse como invitaciones a los aludidos para que dejen la política y es una iniciativa no carente de interés. Lo que ahora acontece a don Puigdemont, don Junqueras y otros es una especie de dimisión política por orden judicial en un ecosistema donde nadie dimite nunca. Los liberales ingleses –Ralf Dahrendorf, Isaiah Berlin, etcétera- postulan que las elecciones no son para elegir al mejor sino para echar al malo y sustituirlo por otro que ya veremos cómo se comporta; son la clase de democracias de sesgo utilitario en las que las dimisiones son frecuentes. En el sistema tribal y mitológico en el que habitamos eso es imposible. Los líderes independentistas han llevado a Cataluña a un desastre sin precedentes pero insisten en seguir al frente del tinglado precisamente en memoria de ese desastre y ha sido una decisión judicial la que, por ahora, se lo ha impedido. Imaginemos que las elecciones se sustituyen por un periodo de denuncias ante el juez contra aquellos políticos que nos han engañado, empobrecido, burlado, etcétera. El juez examina las denuncias y, como medida precautoria, obliga a los denunciados a renunciar a la actividad política hasta que se juzgue el caso, que es más o menos lo que ha hecho con los dirigentes de la Generalitat. ¿Se imaginan? Don González, a principios de los noventa, por el gal y la corrupción, retirado por orden judicial; don Aznar, por más corrupción y la mendaz guerra de Irak, retirado; don Zapatero, por convertir a los españoles en deudores perpetuos al modificar el artículo 135 de la Constitución, retirado, ¿y don Rajoy?, ¿se imaginan desde cuándo estaría desaparecido por orden judicial en su covachuela de registrador de la propiedad? Disfruten un instante de la ensoñación y pongan ante el juez al político que les parezca. En un mundo ideal, el juez les daría la razón a ustedes.