¿Hay alguna relación entre la crisis de nuestro sistema de pensiones y que los líderes del movimiento indigenista americano hayan decidido que la llegada de los conquistadores enviados por la corona de Castilla a sus tierras hace quinientos años fuera una desgracia para sus pueblos? La respuesta es afirmativa.

La extrema derecha voxiana llega a la política con el temario sabido, la lección bien estudiada y la impedimenta de campaña en perfecto estado de revista: corrupción urbanística, fraude documental, brutalismo discursivo y experiencia acreditada en el funcionamiento de la red institucional de mamandurrias.

Todos los indicios apuntan a que estamos en un momento de ruptura con lo que se ha llamado el régimen del 78, en gran medida por efecto de la crisis económica global y por la irrupción de una nueva generación que no comparte ni la experiencia ni la perspectiva de sus padres. Así que ni siquiera un retorno tendencial al bipartidismo y un improbable acuerdo entre los dos partidos mayores nos devolverán a la situación de partida.

Una de las misiones del gobierno que salga, si sale alguno, de las urnas debería ser la calidad democrática del país, que pasa por una revisión del código penal y sus procedimientos y aplicaciones, y la restauración de la independencia real de los jueces. No es de recibo que un prejuicio ideológico o político, inducido por el gobierno y sus instrumentos legales (fiscalía y policía) determine la naturaleza del delito imputable y la dimensión de las penas.

Los ‘indepes’ catalanes se llevarían una sorpresa mayúscula si pensaran que sus sofisticadas demandas de clase media se nutren del mismo malestar que alimenta a los manifestantes de Quito, Santiago de Chile o Hong Kong. Pues bien, los dueños y administradores del dinero mundial sí han detectado una inquietante identidad compartida en todas estas manifestaciones del malestar planetario.