La fiscalía ha decidido hacer suya de oficio la causa contra el concejal madrileño Guillermo Zapata por sus ya famosísimos tuits, y recurrir el archivo decretado por el juez a partir de la denuncia de una asociación privada de pintoresco nombre. Veamos. Los tuits que han malafamado al concejal son dos y literalmente podían ser considerados injuriosos para víctimas de tres tipos de delitos bien diferenciados: el primer tuit aludía a las víctimas judías del genocidio nazi y el segundo, a una víctima del terrorismo etarra, citada por su nombre, y a dos víctimas de asesinato a manos de delincuentes comunes en circunstancias particularmente horribles. La denuncia contra el concejal fue solo por la víctima del terrorismo etarra, al parecer la única protegida por el Código Penal. El concejal encausado, que ha terminado por raparse las barbas, no sé si como gesto de penitencia, afirmó que los tuits eran solo muestras de humor negro, carentes de animus injuriandi y pidió públicamente perdón a quieren se hubieran sentido heridos por esos comentarios. Pues bien, resulta que la única persona presuntamente injuriada que estaba en condiciones de aceptar o rechazar esa petición de perdón era la víctima del terrorismo citada en el tuit por su nombre, Irene Villa, la cual en un gesto generosidad del que ya ha dado muestras en ocasiones anteriores, pues es un personaje público, ha afirmado no sentirse herida por esos comentarios. Causa archivada. Ahora, la fiscalía argumenta que esos tuits causan “indignación” en las víctimas -ojo, solo las del terrorismo, me pregunto qué pensarán los familiares de las niñas de Alcasser- y en consecuencia la acción del concejal es perseguible de oficio. El dolor de las víctimas del terrorismo debe ser respetado (lo que no hizo el concejal) y su memoria defendida de ultrajes pero, en puridad, su dolor e indignación no son distintos al que sienten otras víctimas, por ejemplo, de un accidente de tráfico provocado por un conductor ebrio o por violencia machista. Diríase que las víctimas del terrorismo conforman una corporación del dolor y la indignación que opera al unísono y goza de especial protección legal. En ese caso, ¿por qué se consintió el brutal linchamiento en las redes y en la prensa a que fue sometida Pilar Manjón, de la que se puso en duda hasta su condición de madre de una de las víctimas de los atentados de Atocha? Ahora le ha tocado a Irene Villa, por salirse del guión.