La toma de posesión de los concejales del reino ha ocasionado un florilegio de fórmulas retóricas. Cada edil ha elegido para su caletre a un interlocutor imaginario –la historia, la conciencia, el partido, el pueblo soberano, los pobres de la tierra- y le ha dedicado un juramento o promesa de su cosecha en un híbrido de creatividad popular y rigor protocolario. Estos añadidos y modificaciones a la fórmula canónica son más frecuentes en la izquierda y denotan inseguridad, temor y quizás falta de fe en el desempeño del cargo que tienen por delante. La coletilla más repetida de este ritual ha sido por imperativo legal. Es una expresión adversativa o condicional, que establece una suerte de distancia entre la querencia íntima del que la formula y su realidad institucional. Pero al mismo tiempo es una obviedad y una redundancia. Por imperativo legal, conducimos por la derecha, pagamos el IVA y nos abstenemos de robar la cartera del prójimo, y solo los conductores enloquecidos, los defraudadores fiscales y los carteristas son conscientes de que lo hacen por imperativo legal, justamente para vulnerarlo. No es probable que los concejales se vean a sí mismos como forajidos obligados por razón del cargo a cumplir la ley. Además, el código de circulación, el reglamento de tributos y el código penal son imperativos universales de obligado cumplimiento, pero ser concejal es voluntario. El que se postula para el cargo atraviesa un dilatado procedimiento legal del que parece no acordarse hasta que ha conseguido su objetivo y, entonces, la consiguiente descarga de adrenalina le lleva a perdonar la vida a la ley que le ha puesto donde está. En ese momento, la ley no ofrece seguridad sino que produce vértigo.