Lo cierto es que España se formó por la unión en la cama de los reinos de Castilla y Aragón. Lo que quedó fuera de este acuerdo matrimonial porque no pertenecía al patrimonio de los cónyuges –Navarra y Granada- fue asaltado por las armas, las minorías que no comulgaban con el menú hegemónico –judíos y moriscos- fueron expulsadas de la boda y aquí paz y después gloria. Los costurones de esta operación, que inauguró en Europa la Edad Moderna, aún se advierten en lo que los cursis de antaño llamaban la piel de toro. Después, la piel dichosa ha atravesado muchos avatares, casi todos fallidos; entre otros, la revolución jacobina del XIX y la instauración republicana y democrática en el XX, todas impotentes para hacer un estado verdaderamente constitucional de este empedrado de reinos medievales, territorios forales y oligarquías locales. Aquí la constitución nunca es una carta fundacional sino un centón de agravios históricos y bálsamos provisionales. El mejor argumento que se les ocurre a los defensores de la Constitución de 1978 es que ha presidido el periodo más largo de prosperidad de la historia española, como si constitución y prosperidad formaran un engranaje de causa-efecto. ¿Y qué pasa cuando la prosperidad se ha acabado? Esta idea de la Constitución como cuerno de la fortuna es básicamente la ideología de nuestras elites, explica la corrupción rampante e ilustra sobre lo poco que hemos avanzado desde la Restauración. Los nacionalismos catalán y vasco, que brotaron más o menos en aquella época, ofrecen una solución privativa a esta penuria: encerrémonos en nuestra ínsula barataria. La debilidad de esta propuesta es doble, ni tienen base política suficiente para dar el paso decisivo ni el resultado les llevaría a ínsula alguna, imposible en un universo en el que todos estamos maniatados con el mismo hilo, ¿cómo vas a independizarte de los jaqueadores de la red? Por vías pautadas y democráticas, una secesión al estilo decimonónico tiene poco recorrido, como recuerdan los casos de Quebec y Escocia, lo que convierte en un teatrillo la agitación actual. Volvamos, pues, al principio, recuperemos las virtualidades de los reinos de Castilla y Aragón y reconozcamos de paso los territorios anexionados de Navarra y Granada (convertidas en capitales de dos territorios imaginarios, tan evocadores que podrían perfectamente convertirse en parques temáticos: Euskal Herria y Al Andalus). Veamos cómo:
1) Reconocimiento de las fronteras anteriores a 1492 (los inevitables desajustes provocados por el paso del tiempo podrían resolverse mediante referéndum de los habitantes en los territorios objeto de litigio). 2) Un pacto político entre los dos reinos o repúblicas que en este caso no necesitaría el marchamo matrimonial, aunque una boda incorporaría al debate al importante segmento de población lectora de prensa del corazón y ahora ni siquiera es necesario que los cónyuges sean de distinto sexo. 3) Cooficialidad del castellano y el catalán a todos los efectos y en todo el territorio (tendrían ventaja los catalanes, que son bilingües, pero vaya por los agravios históricos, etcétera). 4) Doble capitalidad en Madrid (o Toledo, si se le quiere dar un toque romántico) y Barcelona. 5) Libre circulación y doble nacionalidad para todos los habitantes de la península (triple con los portugueses, si quieren sumarse al artilugio). Y 6) Aduanas abolidas, como ya lo están, y un acuerdo genérico en materia fiscal y presupuestaria, competencias que, por lo demás, deberán estar pronto subrogadas a la Unión Europea. Esta modesta proposición puede parecer liosa e impracticable pero gana en la comparación con las maniobras Junts pel Si de Artur Mas y es más sedante que el anuncio de nuestro dinámico presidente Rajoy de modificar la Constitución en un sentido que, ya lo advierte de entrada y el que avisa no es traidor, no satisfará a los catalanes.