Desde principios del siglo diecinueve, el ejército español ha perdido todas las guerras en las que ha intervenido, excepto las que desplegó contra su propio pueblo. Dejando aparte la victoria contra las tropas napoleónicas, que fue posible merced a la participación de los ingleses (de hecho, estos consideran la campaña como una victoria propia de su general Wellington), todos los demás conflictos en los que ha intervenido el ejército desde esa fecha han tenido un carácter llamémosle civil y un sesgo que podríamos calificar a grandes rasgos, pues hay excepciones, de contrarrevolucionario y antidemocrático, bien en la propia península o contra los independentistas americanos. Las guerras de independencia de las colonias, hasta Cuba y Filipinas, y más tarde Marruecos, se saldaron con el resultado sabido, el retorno del ejército derrotado a la península y, al mismo tiempo, curiosamente, un hinchazón del llamado espíritu militar, una suerte de engolamiento del miles gloriosus asociado a posiciones políticas reaccionarias. La apoteosis de este estado de cosas fue la guerra civil, provocada por un golpe de militares africanistas que trajeron a suelo patrio las ambiciones que no habían podido satisfacer en las colonias y las tácticas de exterminio que habían practicado contra los cabileños rebeldes. La destrucción de la república propició cuarenta años de autobombo a los golpistas, y jefes militares que notoriamente cometieron, además de un delito de sedición contra el gobierno al que debían servir, crímenes contra la población civil condenados por el derecho internacional, gozaron, y aún gozan en algunos sectores sociales, del marbete de héroes. A la llegada de la democracia, el llamado entonces problema militar, estaba intacto. Dos hechos que merecen recordarse ilustran la situación. Uno, bien conocido, es el golpe militar del coronel Tejero y la trama que le impulsaba y le apoyaba. El otro hecho, menos recordado y de signo contrario, fue que los oficiales que formaron la llamada unión militar democrática -los úmedos- fueron el único colectivo excluido de la amnistía y no pudieron volver a sus empleos. La represión a los militares demócratas fue uno de los muchos pelos que el régimen de la transición dejó en la gatera del franquismo. Más tarde, con el ingreso en Europa y en la otan, los militares españoles pudieron distraerse de su pesada misión de salvapatrias y desarrollar su carrera en misiones exteriores que nombramos con el tranquilizador término de misiones humanitarias. Esta esquinada relación del país con su ejército, propia de países inseguros ante los desafíos de lo que debe ser un estado moderno, hay que tenerla en cuenta para entender que un notorio general golpista, promotor de la última pesadilla de nuestra historia, haya sido enterrado con honores de ordenanza en el sedicente pabellón de los héroes del cuerpo de regulares de Melilla después de que sus restos fueran exhumados por la autoridad civil competente del franquista monumento de los caídos en la cruzada de este pueblo desde el que escribo. La exhumación se acordó en cumplimiento del mandato de la ley de memoria histórica y se hizo con discreción y respeto a la legalidad vigente ante la que tuvieron oportunidad de recurrir las familias interesadas. ¿Cuál ha sido el trámite del traslado de unos restos mortales que debían reposar en una sepultura privada para llegar a un enterramiento oficial del ejército? Sanjurjo fue un golpista contumaz, condenado a muerte por su primer intento, luego conmutada la pena, y fallecido en accidente de aviación cuando ya estaba en marcha el segundo y definitivo golpe contra la legalidad democrática. Estaba enterrado en Pamplona, entre otras aciagas razones, porque era natural de Pamplona, pero es cierto que su carrera militar y el designio que le llevó en mala hora a ser protagonista de la historia se fraguó en África, en las unidades militares colonialistas, como los regulares, a cuyo regazo ha regresado después de ochenta años. Una suerte de retorno de la historia, un gesto de mal agüero, un signo de que no se han aprendido las lecciones del pasado y el ejército conserva intacta la insensibilidad que le ha caracterizado históricamente respecto a la sociedad. El gobierno debería responder a estas cuestiones, tanto más porque un alto cargo de su partido y máxima autoridad del estado en la ciudad de Melilla ha asistido al acto.