El fiscal Bertossa, después de explorar todos los meandros de la jurisdicción suiza sin éxito, decidió echar un vistazo a la ley islámica, imperante en los países de ‘las mil y una noches’, y consultó a dos expertos si esta donación, aparentemente graciosa, del rey Abdullah  a su ‘hermano’ español podría ser un delito de malversación de fondos públicos, según la ‘sharia’, y le respondieron que no, claro.

La interpol, a su vez, es para el ciudadano medio una entidad de perfiles y funciones difusas que es noticia estos días porque para su presidencia ha sido elegido otro policía que resuelve los casos como Roberto Alcázar: un emiratí de nombre Ahmed al Raisi, acusado de torturas.

La fiscalía del supremo califica a don Juan Carlos I de comisionista internacional. Lo sabíamos todos pero el fiscal aportará además pruebas, que ya veremos dónde paran. Cada noticia del rey emérito agita el gallinero. Las tertulias hierven, las redes arden, los gobernantes tiemblan, la plebe se encoge de hombros.

Los post modernos españoles tenemos un caso de estos entre manos: ¿qué hacer con don Juan Carlos I, hoy rey emérito en fuga? Si juzgamos y condenamos sus tropelías financieras y su desquiciamiento moral, ¿condenamos también los servicios prestados al país cuando ostentaba la corona?

La parsimoniosa regularización fiscal, si puede llamarse así, de la ignota fortuna del rey fugado está creando un héroe inesperado para una futura e hipotética batalla dinástica de la que es pródiga la destartalada historia del país. Juancarlistas vs. felipistas