La fiscalía del supremo califica a don Juan Carlos I de comisionista internacional. Lo sabíamos todos pero el fiscal aportará además pruebas, que ya veremos dónde paran. Cada noticia del rey emérito agita el gallinero. Las tertulias hierven, las redes arden, los gobernantes tiemblan, la plebe se encoge de hombros.

Los post modernos españoles tenemos un caso de estos entre manos: ¿qué hacer con don Juan Carlos I, hoy rey emérito en fuga? Si juzgamos y condenamos sus tropelías financieras y su desquiciamiento moral, ¿condenamos también los servicios prestados al país cuando ostentaba la corona?

La parsimoniosa regularización fiscal, si puede llamarse así, de la ignota fortuna del rey fugado está creando un héroe inesperado para una futura e hipotética batalla dinástica de la que es pródiga la destartalada historia del país. Juancarlistas vs. felipistas

Los hechos tienen una suerte histórica desigual. Unos son olvidados; otros, elevados al rango de epopeya y, por último, hay una especie de limbo para un tercer grupo que queda a medio camino entre el olvido y la leyenda. Los sucesos del 23F pertenecen a este campo donde excavan historiadores y novelistas.

Patrimonio Nacional provee al rey emérito, perdido en las arenas de Arabia, de reales servicios: ayudas de cámara y demás personal que adorna la dignidad de un monarca. Pasada la inevitable rabieta republicana al conocer la noticia, se imponen una observación previa y una curiosidad.