Hay dos informaciones tranquilizadoras sobre la pronta resolución del embrollo Pegasus. La primera, que será la audiencia nacional la que investigará el caso en España. La segunda, que la empresa israelí fabricante del artefacto tiene su sede europea en Luxemburgo. La proverbial celeridad del poder judicial español y la acreditada transparencia operativa de las empresas ubicadas en el gran ducado sito en el corazón geográfico de la unioneuropea son las garantías de que el asunto se resolverá bien y pronto. No es extraño que los sospechosos habituales del espionaje –Rusia, Marruecos y Villarejo, digamos- nos tomen por el pito del sereno.
En los primeros compases del procedimiento, el gobierno ya topó con alguna dificultad el pasado fin de semana cuando indagó qué juez estaba de guardia y comprendió que este no aceptaría la denuncia si el denunciante no señalaba a un presunto culpable o era una diligencia urgente. Urgencia, ninguna, porque el presunto acto delictivo fue hace más de un año y el servicio secreto, al parecer, hasta hace tres días no se había coscado. En cuanto al presunto culpable, en esas estamos. El gobierno cree saber que el autor fue un agente externo, pero en esta época que ha entronizado el palabro externalización, externos somos todos, desde el vecino del piso de abajo hasta los marcianos que nos sobrevuelan en la estratosfera, listos para invadir la Tierra. Por fin, la denuncia ha entrado ayer en la audiencia nacional; una pejiguera menos.
En Luxemburgo, de entrada, las cosas no van mejor. Hay que pedir cooperación a las autoridades y ha de hacerlo un juez español, y con eso ya está dicho casi todo en cuanto al esperable éxito de la gestión. No obstante, en el gran ducado ya advirtieron a las empresas afincadas en su territorio que no toleran operaciones que puedan contribuir a las violaciones de los derechos humanos en terceros países. La retórica de la advertencia es lo bastante alambicada como para que nadie se dé por aludido. Resulta ofensivo imaginar que una empresa israelí vaya a contribuir al menoscabo de los derechos humanos.
Entretanto, en el corral patrio la agitación no amengua, singularmente entre los socios del gobierno, que piden alguna cabeza o, al menos, una comisión de investigación, que no se constituirá porque los dos partidos del régimen del 78 la han bloqueado. Los socios políticos de don Sánchez se creen con derecho a una reparación. Los indepes catalanes porque han sido víctimas masivas de Pegasus y los podemitas porque ostentan el raro privilegio de haber sido el partido legal más vigilado y hostigado por el deep state y sus terminales políticas, policiales y mediáticas desde la restauración de la democracia. Así que se entiende que quieran echar un vistazo al interior de esa caja negra a la que llamamos ceeneí donde se guardan las esencias del estado y que durante mucho tiempo ha dedicado sus recursos a proteger las andanzas privadas e inconfesables del rey hoy emérito. Para unos, la central de inteligencia es un vampiro; para otros, su tamagochi, y por ahora son más los segundos que los primeros.