El vecindario de esta remota provincia subpirenaica ya conoció y padeció los efectos del famoso modelo de gestión público-privada de la sanidad que ha puesto en vilo a la comunidad de Madrid. Fue a principios de la década pasada (2011-2014), cuando mandaba doña Barcina, la dirigente más próxima sentimentalmente a la derecha madrileña que ha tenido la provincia, y el gobierno regional decidió privatizar el servicio de cocina de los hospitales. La medida se justificó como siempre en nombre de la eficacia y la rebaja de los costes. En las habitaciones del nosocomio, los pacientes ingresados levantaban la tapa del plato donde recibían la comida y se encontraban tortillas francesas de color verde azulado y piezas de pescado que parecían cocinadas en un sarcófago egipcio. Las imágenes se difundieron a través de las incipientes redes sociales y por los medios convencionales y la incredulidad inicial se convirtió en un escándalo.
La protesta fue generalizada, empezando, como ha ocurrido ahora en Madrid, por los sindicatos sanitarios, y consiguió devolver el servicio a su origen público; no sin dificultad porque estos asuntos albergan tantos intereses y están minados por tantas cautelas contractuales que no es fácil darles la vuelta. Un informe posterior del organismo auditor de las cuentas regionales determinó más tarde que la privatización había significado para las arcas públicas un sobrecoste de 670.000 euros. Así que ni bueno ni eficiente ni barato, palabras que solo se atreven a conjugar como si fueran sinónimos los políticos de cierta cepa y los vendedores ambulantes de baratijas.
La sanidad no puede ser un negocio privado y no solo por razones morales o humanitarias sino porque los costes son crecientes y no hay modo de aplicar las habituales medidas de recorte de personal o de prestaciones sin que estos afecten a la naturaleza misma del servicio. Solo el poder público tiene autoridad y competencia para hacer frente a incidencias como el aumento de la demanda, la mejora de los tratamientos o la presión de los costes. Una empresa privada no puede encarar esta dinámica sin el permanente recurso al dinero público para cubrir los déficits o para mantener las ganancias prometidas a los inversores. En la modélica comunidad de Madrid, la aportación de dinero público al sector sanitario privado se ha duplicado en cuatro años sobre lo inicialmente presupuestado.
La sanidad pública universal es algo más que un instrumento de política presupuestaria; es, junto a la educación, el puntal constituyente de la nación moderna. Comparado con este poderoso recurso, la bandera, la lengua, la religión, el folclore y otros señuelos de la identidad nacional son filfas. El canciller Bismark implantó la sanidad pública en 1883 en los albores de la unidad de Alemania; en Rusia, se implantó en 1918 y fue uno de los primeros frutos de la revolución; en Inglaterra fue en 1948 con el ascenso de los laboristas al poder después de la guerra mundial y el fin del imperio británico; y en España, por último, la sanidad pública tal como la conocemos se implantó en 1986, con un gobierno socialista que creó el sistema nacional de salud. La sanidad pública es en todos los casos una conquista democrática impulsada por la clase trabajadora, que asegura la cohesión social, garantiza la solidaridad interclasista, afirma la lealtad cívica y da sentido al estado.
La revelación de la obscena gestión del hospital de Torrejón en una comunidad que ha registrado severas crisis sanitarias ha pillado a la presidenta del gobierno regional con el pie cambiado y su respuesta fue tardía y elusiva; minimizó el problema e intentó desviar la atención a otros asuntos, pero curiosamente no echó mano de la muletilla canónica de la derecha acusando a la inmigración del colapso hospitalario. Las políticas de privatización de la sanidad y la acusación de turismo sanitario a los inmigrantes fueron simultáneas en el tiempo (2012) y en el discurso del pepé, que de alguna manera intentó establecer una correlación entre la exclusión de los inmigrantes y la mejora de las prestaciones sanitarias mediante su entrega a intereses privados. Los inmigrantes necesitan diversos recursos –vivienda, trabajo, educación- pero no servicios de salud en primer término porque son jóvenes y están sanos. El turismo sanitario es una muletilla en desuso por innecesaria porque Europa ya ha subido el listón de la política antimigratoria, pero se conservan en activo los dos términos de la fórmula: se privatiza la sanidad y se propone la expulsión de los inmigrantes, y el efecto cae sobre la envejecida y atribulada población indígena, maltratada por la privatización de los servicios y despojada de apoyos humanos para el cuidado de sus mayores. En esas estamos.